Equilibrios laborales

Fue Enrique Múgica, entonces ministro de Justicia, quien aplicó a ETA la política penitenciaria que todavía se practica: dispersión de presos para dificultar la cohesión del colectivo y aproximación al País Vasco de los que se desmarquen de las directrices de la organización terrorista. El PP siempre ha acompañado a los sucesivos Gobiernos en esta estrategia, que también utilizó durante sus dos legislaturas. Uno de los últimos 'arrepentidos' ha sido la terrorista Idoia López Riaño, 'La Tigresa', una feroz activista en principio reacia a desmarcarse de ETA a la que se le imputan 23 asesinatos, que militó en varios 'comandos' y participó, entre otros, en el atentado de la Plaza de la República Dominicana en 1986 en que fueron asesinados doce guardias civiles y por los que fue condenada a más de 1.500 años de cárcel. Idoia fue detenida en Francia en 1994 y entregada a España en 2001. Tras cumplir condena en varias prisiones alejadas de Euskadi, ha sido trasladada a la de Nanclares de Oca hace un mes. No cabe poner en cuestión la eficaz política penitenciaria que se practica en el marco del Pacto Antiterrorista, pero es lógico que en estos casos extremos algunas sensibilidades se sientan dolidas ya que existen ciertas líneas rojas que no se deben traspasar. Sectores policiales han alertado del posible oportunismo de la sanguinaria etarra y la AVT ha protestado por el oscurantismo del traslado, por no habérselo comunicado con anterioridad y por que los arrepentimientos sean 'genéricos' y no dirigidos a las víctimas concretas de cada terrorista. Interior, por su parte, ha asegurado que el traslado no es un beneficio penitenciario. Parecería natural, en fin, que el Departamento de Rubalcaba actuara con más delicadeza cuando la política penitenciaria mueve ciertos hilos especialmente frágiles. La queja de la AVT es razonable. Y el principal partido de la oposición, que recibe información continua de la lucha antiterrorista, también debería ser prevenido de ciertos movimientos que puedan resultar especialmente dolorosos para las víctimas. La estrategia inteligente en la gestión de los presos no tiene por qué abrir heridas innecesarias.

Tras una accidentada tramitación, la comisión de Trabajo del Congreso, con potestad legislativa plena, aprobó ayer la ley de Reforma Laboral con los únicos votos del PSOE y la abstención de PNV y CiU. La cuestión más polémica que ha ocupado la mayor parte del debate era la relativa a las causas del despido objetivo (20 días por año trabajado). Y en el último momento, los socialistas ablandaron su posición, temerosos sin duda de la respuesta sindical: según la redacción aprobada, serán causas objetivas «la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo»; la versión que decayó a última hora permitía que las empresas pudieran rescindir los contratos no solo cuando tuvieran pérdidas, sino cuando cayeran sus ganancias o tuvieran «falta persistente» de liquidez. El texto aprobado ayer va ahora al Senado, donde sin duda será objeto de nuevas negociaciones, y regresará al Congreso el 9 de septiembre. A este paso, tendrán razón quienes creen que la nueva ley saldrá 'descafeinada'. Y no por ello los sindicatos desistirán de su huelga general.