Un motorista hace un caballito mientras lleva detrás a un menor sin casco. :: ANTONIO VÁZQUEZ
ANDALUCÍA

Los menores con delitos de tráfico cumplirán sus condenas en el sistema educativo

Junta y Fiscalía crean grupos de trabajo para luchar contra la violencia, el fraude y el absentismo escolar y la delincuencia de los jóvenes

SEVILLA. Actualizado: Guardar
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Los menores que han cometido algún delito contra la seguridad vial podrían cumplir sus condenas en el sistema escolar, según avanzó ayer el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Cardenal. Por ahora, «es sólo una hipótesis de trabajo» en la que está trabajando el TSJA para buscar la fórmula jurídica apropiada, pero «sería beneficioso» para los jóvenes, agregó Cardenal. El fiscal jefe del TSJA y el consejero de Educación de la Junta, Francisco Álvarez de la Chica, dieron a conocer ayer la creación de cuatro grupos de trabajo entre ambas instituciones para luchar contra la violencia en las aulas y el maltrato a profesores, el fraude en la escolarización, el absentismo y la delincuencia en seguridad vial. Jesús Cardenal anunció la creación en breve de un fiscal coordinador de menores en Andalucía, como ya existe el de violencia de género.

El acuerdo se produjo en el marco de una reunión en la que, además de Cardenal y Álvarez de la Chica, estuvieron técnicos y representantes de la Consejería de Educación, los ocho fiscales provinciales de menores, el Defensor del Pueblo, José Chamizo, y la fiscal coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado, Consuelo Madrigal. La reunión es fruto del interés de las citadas instituciones por estrechar la colaboración en lo concerniente a los jóvenes y que tuvo su origen en la preocupación por el incremento de la violencia en las aulas, pero que ha seguido con otras cuestiones, recordó Cardenal.

Tanto para Cardenal como para Consuelo Madrigal, «el factor educativo es esencial en la reforma de los jóvenes». A raíz de la reforma del Código de Circulación, algunas infracciones como la conducción temeraria o hacerlo sin licencia pasaron a la consideración de delito. Madrigal explicó que son infracciones cometidas más frecuentemente por los jóvenes. Jesús García Cardenal recordó que en la memoria de la Fiscalía del TSJA, el 40% de los delitos cometidos por menores son infracciones de tráfico como las mencionadas. Álvarez de la Chica se comprometió a potenciar programas educativos que conciencien a los jóvenes en la seguridad vial. El consejero señaló la posibilidad de que la materia se incluya en asignaturas como Educación para la Ciudadanía.

Pero Cardenal apunta más lejos, prepara el terreno con la Consejería de Educación para que los menores con delitos de tráfico puedan cumplir sus penas en el ámbito escolar con programas de reforma específicos para ello. El fiscal jefe del TSJA no dio muchos más datos del proyecto, pero se mostró convencido de que esta solución beneficiaría incluso al sistema judicial.

Agresiones a profesores

La creación de los grupos de trabajo acordada ayer dará más agilidad a la resolución de los casos de violencia en las aulas, entre ellas las agresiones a los profesores, mediante el intercambio de información. Junta y Fiscalía elaboran un protocolo marco de colaboración que definirá qué hacer y qué datos facilitar a la Fiscalía para que actúe lo más rápido posible. Este intercambio proporcionará a la Fiscalía material para elaborar un perfil y las circunstancias de los agresores, lo que redundará en un mayor conocimiento del problema.

Respecto a la consideración de las agresiones a profesores como atentados contra la autoridad pública, tanto Cardenal como Madrigal reconocieron la dificultad de aplicar esta figura en los centros privados y concertados, ya que los docentes no son funcionarios. Cardenal señaló que la Fiscalía cuenta con fórmulas para paliar que existan diferencias, como aplicar la pena máxima al agresor de un docente de la privada.

Álvarez de la Chica puntualizó que la conflictividad en las aulas es excepcional y recordó que este curso sólo un 3% de los alumnos (1.700.000) cometieron faltas graves, lo que no quita su reprobación social por el daño que hace al sistema. Respecto al fraude en la matriculación, dijo que la Junta «no quiere judicializar el proceso de escolarización», pero desea que este sea «justo, limpio y equitativo».