El 'corralito' de las preferentes

La venta de participaciones preferentes, un producto financiero complejo y de alto riesgo, ha atrapado ya a más de un millón de pequeños ahorradores en España por una suma que rondaba los 30.000 millones de euros en mayo de 2011. Pero, ¿en qué consisten las participaciones preferentes y qué perspectivas de futuro tienen los afectados? Manuel Pardos, presidente de la Asociación de usuarios de Bancos, cajas y seguros (ADICAE) proporciona las claves para entender el alcance del escándalo bancario más grave de los últimos años.

- ¿Qué son las partipaciones preferentes?

Son un producto financiero de alto riesgo, a perpetuidad y no sujeto a los fondos de garantía que cubren a los usuarios de servicios financieros en España y en Europa. Son productos que no debían ser comercializados masivamente al público por el alto riesgo que comportan. Además de las participaciones preferentes, existen otros productos similares, los llamados de renta fija, como son la deuda subordinada, los bonos o los pagarés. La venta de esos productos ha alcanzado a más de un millón de familias por un monto de más de 30.000 millones de euros, un importe similar al rescate que se pide para la banca. Y sigue aumentando por la comercialización de nuevos productos como los ‘valores Santander’, entidad que captó hace dos años a decenas de miles de ahorradores para un tipo de producto que nunca debió ser vendido a un público generalizado.

- ¿Cuál es el perfil medio del afectado?

El perfil medio es un ahorrador en edad de jubilación, aunque también se ha comercializado este tipo de producto a ancianos de más de 70 y 80 años, así como a personas enfermas o con graves minusvalías. En la mayoría de los casos, el dinero invertido en participaciones preferentes son los ahorros de toda una vida o dinero reservado para la vejez o una situación de invalidez. Este dinero ha quedado atrapado en un “corralito” de forma indefinida, no permitiendo disponer de ello a personas que creían haber contratado un depósito a plazo fijo. Se trata en muchos casos de clientes "de toda la vida" de una entidad que conocían personalmente al empleado bancario e incluso al director del banco y que denuncian haber confiado en su palabra.

- Casos más llamativos

La comercialización fue muy agresiva desde el año 2009 y en alguna entidad se llegó a perseguir a clientes que permanecían en cama porque era necesaria la firma del titular, en muchos casos personas completamente inválidas a las que se les tomaba el dedo para estampar su firma en los contratos. Además, siendo un producto financiero de riesgo, se hacía firmar a personas con estudios primarios un test de idoneidad en el que el contratante declaraba tener un perfil alto, conocimientos de Bolsa o estudios en economía. En esos casos estamos hablando de una acción delictiva por parte de las entidades, aunque es probable que eludan responsabilidades culpando a unos empleados que muchas veces no sabían lo que vendían. Entre ellos, hay casos clarísimos de engaño en los que se aseguraba al cliente estár realizando un depósito a plazo fijo con la posibilidad de recuperarlo en 48 horas.

- ¿Qué organismos son responsables de controlar su venta?

Se trata de productos legales pero dirigidos a empresas, fondos de inversión o inversores profesionales que conocen los riesgos y los beneficios de estos productos. Sin embargo, España ha sido el único país de Europa donde se han comercializado de forma masiva a más de un millón de familias. Esta práctica está prohibida por ley y así se denunció en octubre de 2011 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Su reacción fue recomendar a las entidades su canje por productos de más liquidez, es decir, que no fueran a perpetuidad y otras condiciones similares. La mayoría de las entidades, a fecha de hoy, ya han efectuado los canjes, pero por productos tales como deuda subordinada a 10 años, en el caso de La Caixa o en algún caso con productos a plazos fijos condicionados a 5 años. Es decir, han convertido el "corralito" a perpetuidad en un "corralito" a plazos tan largos como 10 años, que no sirven realmente como solución. En todo caso, el ahorrador corre el riesgo de perder el 20 o el 30% del dinero invertido, recolocado en productos igualmente complejos. Meter en acciones en Bolsa a personas de este perfil es exponerlos, tal y como está ahora mismo el mercado, a unas pérdidas incluso mayores.

- ¿Qué pueden hacer los afectados?

Pueden y deben reclamar y no conformarse de ninguna manera. No es el destino, sino un fraude masivo; una comercialización ilegal que la justicia tendrá que reconocer. Las asociaciones de consumidores y usuarios han organizado una plataforma que reclama una solución institucional que permita a los afectados disponer de su dinero. Hasta el momento se nos ha dado la razón pero no se ha proporcionado una solución. Es preferible esta vía institucional a los juzgados pero, si no queda más remedio, en septiembre presentaremos demandas colectivas para ahorrar costes y no saturar los juzgados. Y creemos que es tan de justicia, que los tribunales tendrán que acabar dándoles la razón. El problema es que se puede tardar tres, cuatro o cinco años en recuperarlo por la vía judicial.

- Pasos para reclamar

Si el afectado recurre a una asociación de consumidores, deberá acudir con el contrato que firmó con el banco y la fotocopia de su DNI. En el caso de ADICAE les facilitamos unas fichas para rellenar con algunas preguntas concretas que nos ayudan a conocer cada caso concreto. Les pedimos que se hagan socios y, si no vamos al juzgado, el único coste para el afectado será el simbólico que aperciben este tipo de asociaciones sin ánimo de lucro.