Enfrentamientos entre vecinos y la policía por el derribo de una vivienda ilegal en Sanlúcar

La orden de derribo de una vivienda ilegal en Sanlúcar ha provocado que vecinos y policía se hayan enzarzado en un enfrentamiento que, de momento, ha causado media docena de agentes heridos y, al menos, un detenido. El Juzgado de lo Penal número 3 de Cádiz había exigido al Ayuntamiento de Sanlúcar la demolición de una casa sobre la que recayó sentencia con pena de derribo en el año 2007. Según indica en un comunicado el Ayuntamiento, su intervención en este caso es "exclusivamente por orden judicial", al haber sido requerido por el citado juzgado para que ejecute subsidiariamente, y a costa del penado, las obras de demolición, ya que el condenado había «desatendido» la resolución judicial.

El Consistorio sanluqueño detalla que el caso de esta vivienda ilegal fue denunciado en 2005 «por el anterior gerente de Urbanismo», cuando gobernaba el PP en la localidad. En la sentencia, que data de 2007, se refleja que se condena a un vecino de la localidad como «autor de un delito contra la ordenación del territorio a la pena de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 12 meses con una cuota de seis euros, lo que representa un importe total a abonar de 2.160 euros, con la responsabilidad personal sustitutoria de un día de prisión por cada dos cuotas no abonadas, y el pago de las costas procesales».

Llamamiento a la ciudadanía

A través de las redes sociales la propietaria de la vivienda conocida como 'Casa Cunetita' hizo un llamamiento anoche para que los vecinos acudieran hoy a las 8.30 de la mañana a paralizar la actuación policial. Esto ha provocado que decenas de personas se congregaran a primera hora para apoyar a la vecina. Los enfrentamientos se produjeron cuando los agentes han accedido a la finca y han desalojado la propiedad para que se ejecute la demolición que ya se está produciendo.

Asimismo, se ha ordenado la demolición «a su cargo de la vivienda, «de 100 metros cuadrados y del garaje de 18 metros cuadrados construidos en una parcela propiedad del condenado sita en Pago Santillana». Señala el Ayuntamiento que la situación urbanística de la edificación objeto de la sentencia "se encuentra enclavada en unos terrenos cuya clasificación urbanística es de suelo urbanizable programado", abundando que el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) clasifica dichos terrenos como Sistema General de Espacios Libres, SG-EL-4.

Tras esta sentencia, el Ayuntamiento ha sido requerido «en varias ocasiones» por el juzgado para que actuara de oficio en la demolición de esta construcción, «intentando en todo momento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, buscar una solución a este proceso sin necesidad de ejecutar la parte de la sentencia que obliga al derribo, «sin haber surtido efecto alguno». El Consistorio, que preside la socialista Irene García, subraya que ha estado "en todo momento a disposición del interesado para colaborar con él en la medida de las posibilidades que permiten un procedimiento de esta naturaleza".