La dación en pago daría una oportunidad a las seis familias que pierden su casa al día en Cádiz

El drama de los desahucios y la pérdida de la vivienda es otra fotografía habitual de la crisis. En los últimos cuatro años las entidades bancarias se han quedado con 7.746 pisos en la provincia, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Muchos de ellos eran residencias habituales de familias que no han podido hacerle frente al pago. Se trata de las llamadas ejecuciones hipotecarias y la cifra resulta cuanto menos escalofriante hasta el punto de convertirse ya un problema generalizado, dado que todos estos propietarios continúan manteniendo una deuda con los bancos incluso después de haber perdido sus domicilios.

La propuesta que hizo el pasado miércoles el ministro de Economía, Luis de Guindos, para facilitar la dación en pago a las familias con mayores dificultades ofrece una oportunidad para remontar. De enero a septiembre del año pasado un total de 1.418 personas perdieron sus viviendas a manos de las entidades bancarias en la provincia, lo que supone unas seis al día. Algo menos de la mitad de ellos tuvieron que pasar también por el dramático proceso del desahucio al no tener otro lugar en el que vivir. Afortunadamente, cada vez son menos los casos, aseguran fuentes judiciales, pero no descartan que el volumen vuelva a crecer dada la tasa de desempleo y las escasas expectativas de recuperación.

Pero no todas podrían acogerse a esta medida, solo aquellas familias que tengan a todos sus miembros en paro, que no tengan rentas adicionales y cuyo patrimonio sea insuficiente para hacer frente al pago de la hipoteca. Para ello se incluirá a este colectivo en riesgo de exclusión social en la normativa a este respecto.

Pero no se trata de un decreto de obligado cumplimiento, la propuesta apenas forma parte de un catálogo de buenas prácticas para aplicar de forma voluntaria por el sector financiero. Y como gancho se plantean bonificaciones fiscales, en concreto, beneficios en el impuesto de Sociedades y se les abre la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las eventuales pérdidas en que hubieran incurrido. Ya hay algún banco que asegura que lo llevará a cabo, sin embargo, definir quién podría acogerse a la dación será cuanto menos complicado.

Los jóvenes, más afectados

Las fuentes consultadas de los juzgados de Primera Instancia de Cádiz señalan que los expropietarios que tienen que ser denunciados «son por lo general jóvenes, de no más de 40 años». Muchos de ellos suscribieron sus hipotecas en plena burbuja por valores de 200.000 y hasta 300.000 euros y ahora no pueden hacerle frente a las mensualidades. En los dos últimos años las ejecuciones hipotecarias han caído, pero no los desahucios. La triste lectura de estos datos indica que es ahora cuando más viviendas habituales están pasando a manos de entidades financieras en detrimento de las que pertenecían a los promotores o las de segunda residencia.

Hace días que Juan José Sánchez, presidente de la Asociación de Afectados por la Hipoteca de Chiclana, prepara una campaña para exigir que la dación en pago no sea una sugerencia, sino un derecho. Las palabras del ministro De Guindos asegura que «son un brindis al sol», porque solo «da un consejo a las entidades bancarias, pero no tiene la validez de un decreto». De esta manera unos podrían aplicarlos y otros no.

En los próximos días tienen previsto instalar mesas informativas en todos los municipios de la provincia para crear conciencia de la necesidad de cambio de la ley hipotecaria y la generalización de la dación en pago. «Son necesarias 500.000 firmas para presentar una proposición no de ley ante el Congreso y queremos conseguirlas», señala Sánchez.

A modo de balance, se muestra convencido de que la situación irá a peor si no se pone un remedio porque «en una provincia como ésta con esos niveles de paro es difícil remontar».

Por su parte, uno de los delegados de Ausbanc en Andalucía, Alfredo Martínez, asegura que «la única crítica que se puede hacer a la propuesta del ministro es que no sea obligatorio». Además, insistió en la posibilidad de ampliarla con una medida de alquileres sociales a aquellos que no tengan otro domicilio en el que vivir.

Martínez indica que «la inmensa mayoría de los afectados por la hipoteca son jóvenes que compraron sus pisos en época de bonanza económica y ahora no pueden asumir la deuda». Ha sido en estos últimos años cuando su oficina ha recibido un mayor número de consultas, no solo relacionadas con la dación en pago, sino con otras cuestiones como las cláusulas de suelo o las moratorias.

El portavoz de Ausbanc considera necesario un cambio legal que podría incluir también la cuestión de la dación en pago. «De llevarse a cabo, no sería con carácter retroactivo, porque generaría inseguridad jurídica, pero sí podría beneficiar a todos aquellos que suscriban ahora sus hipotecas». También podría traer consigo otras consecuencias como un endurecimiento aún mayor del crédito.