Los «sin papeles» deberán acreditar que tienen ingresos no superiores a 532 euros al mes

Los inmigrantes irregulares que soliciten asistencia social y sanitaria deberán acreditar que no disponen de ingresos superiores a 532 euros al mes. Así lo ha explicado el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, tras presidir la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) donde se ha propuesto un modelo único de atención sanitaria para los «sin papeles».

Otro de los requisitos necesarios los «sin papeles» deberán presentar un documento que demuestre que no procede la exportación del derecho a la asistencia sanitaria, para ciudadanos de Estado del Espacio Económico (EEE), Suiza u otros países que mantengan acuerdos bilaterales con España. A su vez, será necesario estar empadronado y residir en cualquier municipio de la comunidad autónoma durante al menos seis meses. Respecto a esto último, el secretario general de Sanidad ha aclarado que es competencia autonómica y si alguna de ellas decide fijarlo en tres meses «está en su legítimo derecho», aunque lo lógico es que el abordaje de este asunto sea «idéntico en todo el país».

Esta medida busca unificar la aplicación práctica de los programas de asistencia social y sanitaria en todas las comunidades autónomas. Para poder tener acceso a este programa, los inmigrantes irregulares deberán estar registrados en una base de datos del Ministerio de Sanidad para así «recoger su historia clínica y evitar duplicidades», explica Rubén Moreno. Ha añadifo que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras no podrá acceder a esta base de datos.

Moreno ha destacado que, en esta reunión de carácter técnico, se ha dado un plazo de quince días a las comunidades para que aporten las «mejoras» al texto elaborado por el departamento que dirige Alfonso Alonso y ha deseado que se hagan con «espíritu constructivo».

Reacciones contrapuestas

El secretario general de Sanidad ha indicado que las comunidades gobernadas por el PSOE han pedido al Ministerio una derogación del real decreto-ley 16/2012 por el que se eliminó la atención sanitaria a los «sin papeles», mientras que el resto de las autonomías «han agradecido esta propuesta de criterios mínimos ya aprobada por consenso antes de las elecciones», ha declarado Moreno.

Por otro lado, el Gobierno vasco ha reclamado la derogación del real decreto que suprimió la asistencia sanitaria a los «sin papeles» y ha rechazado la creación de este registro por considerarlo «discriminatorio, innecesario y falto de ética».

Andalucía, otra de las comunidades en contra de la propuesta, también ha reclamado la retirada de la reforma y ha asegurado que seguirá prestando asistencia sanitaria universal, como hasta ahora. Desde la Comunidad de Madrid, se ha insistido en que se debe dar atención sanitaria a todas las personas que lo necesiten «más allá de otras consideraciones» y se ha apostado por una solución conjunta para todas las comunidades en este asunto.