Aún no se ha resuelto el recurso sobre la imputación de interventor y tesorera en el desfalco de San Fernando

El interventor del Ayuntamiento de San Fernando, José Antonio López, y la tesorera, María de las Virtudes Gómez, debían enfrentarse este martes a la jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de la localidad como presuntos imputados en la desaparición de 7,8 millones de euros de la caja municipal. Sin embargo, la cita ha sido suspendida ya que la Audiencia Provincial aún no ha resuelto el recurso presentado por el Ministerio Fiscal ante tal decisión.

En el propio auto de la imputación ya se deja claro que no se les acusa por intencionalidad a la hora de llevarse dinero sino por una presumible conducta negligente que precisamente permitió que los hechos ocurrieran. Es el principal motivo por el que la Fiscalía decidió recurrir, ya que entiende que al no estar probada en la causa la intencionalidad de llevarse dinero o beneficiarse de la situación, no tienen que ser imputados bajo la visión del nuevo código penal.

Tanto el interventor como la tesorera, que actualmente siguen desempeñando sus funciones dentro del Ayuntamiento de San Fernando, ya fueron condenados por el Tribunal de Cuentas (aunque se encuentra en periodo de alegaciones) al considerar que eran responsables administrativos subsidiarios de lo ocurrido, precisamente por el supuesto abandono en sus funciones, lo que llevó a que el dinero pudiera ser sustraído.

El auto también recoge el sobreseimiento de la imputación tanto de la suegra de Clemente como de una de las mujeres que pertenecían a este clan familiar, dictando orden de busca y captura para el resto de miembros, cuando presumiblemente están en Marruecos. La Fiscalía también ha recurrido estas decisiones al entender que no es el momento procesal para realizar tales sobreseimientos y pidiendo que la orden de detención sea a nivel internacional, ya que presumiblemente están fuera de España.

Todo ello cuando se intenta hacer una división del proceso entre la malversación y el blanqueo, algo a lo que también se opone la Fiscalía a la espera al menos de que se realicen todas las testificaciones de los imputados. Al parecer se tratan de las últimas cuestiones que se deben resolver para que se pueda establecer una fecha de juicio y poner punto y final a uno de los episodios más negros de la historia del Ayuntamiento isleño.