La inclusión de la vacuna de varicela en el calendario genera una nueva polémica

La vacuna de la varicela vuelve a generar polémica. Hace casi dos años el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron que la vacuna fuera de uso hospitalario y que no se pudiera venderse ni siquiera con receta médica en las farmacias, pero este mismo mes, el próximo 29 de julio, es más que probable que la vacuna pase a forma parte del calendario oficial y que tenga financiación pública, aunque que la medida debe aprobarse en el Consejo Interterritorial de Salud.

Este cambio de decisión en cuanto a la inclusión de la vacuna viene avalado por distintos informes del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y de la Asociación Española de Vacunología que apuestan por incorporar la vacuna al calendario infantil y mantenerla en adolescentes (a partir de 12 años) que no hayan pasado la enfermedad, así como en grupos de riesgo.

Hasta ahora, la vacuna solo se recibía a los 12 años, y solo si el niño no ha pasado la enfermedad. Sanidad llegó a retirar de las farmacias Varivax, la vacuna de Sanofi Pasteur MSD, para evitar que los padres la compraran por su cuenta.

Sin embargo, tal y como reconoce a ABC Ildefonso Hernández, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), la decisión no está avalada «por ningún informe científico adicional a los disponibles cuando en 2011 se tomó la decisión ahora vigente», y en un comunicado esta sociedad ha pedido al Ministerio de Sanidad que se replantee la medida. Y en este sentido añade que se han obviado los procedimientos comúnmente asumidos y que, hoy por hoy, «las pruebas científicas sobre la efectividad para evitar consecuencias graves a largo plazo son muy limitadas».

Hernández reitera que la vacuna es «segura y eficaz», pero que no se «entiende esta cambio tan brusco y precipitado». Las 12 sociedades científicas que conforman la SESPAS defendieron en su momento la posición ministerial sobre la dispensación de la vacuna a personas no indicadas, por lo que le previene ahora que adoptar decisiones sobre vacunas sin la información científica suficiente es arriesgado y no es una política de salud sensata. «No hay razones objetivas para este viraje inesperado y desaconsejable en políticas de vacunaciones», destacan desde SESPAS, al tiempo que recuerdan que el calendario de vacunación y las vacunas «son demasiado importantes como para tomar decisiones apresuradas».

En España, como en casi toda Europa, el modelo de vacunación frente a la varicela es en adolescentes que no la han pasado o en grupos de riesgo. Esta política estaba fundamentada en las pruebas científicas disponibles y en los datos sobre coste-efectividad y coste-oportunidad. «Hay que recordar que hay muchas incertidumbres sobre los efectos de vacunar de la varicela en los niños porque no se conoce la duración de la inmunidad, no se conoce la fecha adecuada para la segunda dosis y si tal vez sea necesario introducir nuevas dosis. En cambio, sí sabemos que la infección natural por el virus de la varicela en la primera infancia produce una inmunidad para toda la vida», señala Hernández. Además, insisten en la duración de la inmunidad como una de las incertidumbres principales, puesto que podrían presentarse más casos en adultos que, incluso son más graves que los casos infantiles.

SESPAS pide que las decisiones de salud pública se basen en pruebas científicas adecuadas y en estudios solventes de coste-efectividad y coste-oportunidad. Sobre este último, «queremos resaltar que hay intervenciones de salud pública que tienen mayores efectos en términos de salud que una vacuna sobre la que su aplicación en la infancia hay incertidumbres no resueltas». Además recuerda Hernández que «las vacunas básicas incluidas en el calendario vacunal están consensuadas por todos los organismos y sociedades».

'Lagunas'

El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha publicado en 2015 un informe sobre la vacunación de la varicela en el que, aunque no cuestiona su eficacia y seguridad de la vacuna, señala varios de los modelos de su efectividad se basan en asunciones sin confirmar, de forma que en sus conclusiones señala algunas ‘lagunas’ referidas especialmente a la duración de la inmunidad más allá de los 14 años, al momento óptimo de la segunda dosis, a la necesidad potencial de nuevas dosis en el futuro, al riesgo de aumento de complicaciones debidas a la varicela al cambiar la media de la edad de infección, a los mecanismos inmunológicos del Herpes zoster, etc.

Por otro lado, la Asociación Española de Pediatría, a través de su Comité Asesor de Vacunas, recomienda la vacunación de todos los niños que viven en nuestro país con 2 dosis, la primera a los 12-15 meses de vida y una segunda dosis a los 2-3 años de edad. Esta recomendación, asegura, «está basada en la mejor y más rigurosa información científica disponible actualmente, que demuestra los beneficios de la vacuna de varicela aplicada a estas edades». De hecho esta sociedad científica, ante el bloqueo de la vacuna por parte del ministerio en 2013, señaló que las razones que da el Ministerio para justificar esta decisión se basaban en hechos «no demostrados científicamente, como que vacunar, en vez de pasar la enfermedad en la infancia, provocará más problemas a la larga (más adultos con varicela, más ancianos con herpes zóster). No hay datos que demuestren esta hipótesis y lo que si está demostrado es que la vacuna evita varicelas, sus complicaciones y también muertes».

Lo que reclama el presidente de Sespas es que se sigan «los procedimientos establecidos y que, sin apresuramiento, se obtengan los dictámenes oportunos de los organismos técnicos y se realice un debate riguroso previo». Los representantes de Sespas explican que son conscientes de que el campo de las vacunas «recibe presiones de grupos de interés y de una ciudadanía muy influida por la industria fabricante», pero resaltan que el Gobierno «debe tomar sus decisiones con imparcialidad y por ello aplicar las disposiciones que establece la Ley General de Salud Pública que tras cuatro años sigue sin cumplir».