El juez prohíbe toda actividad de Batasuna y ordena impedir su congreso nacional

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó ayer la suspensión total de actividades de la ilegalizada Batasuna por dos años más y prohibió por tanto el congreso nacional que el partido abertzale tenía previsto celebrar el próximo sábado en Baracaldo (Vizcaya). Para todo ello, el magistrado encargó a las fuerzas de seguridad del Estado que ejecuten una cascada de medidas para garantizar que se cumplen todas sus órdenes. Batasuna no podrá tener sedes, ni página web, ni recibir apoyo externo para la celebración de los actos políticos proscritos.

El extenso y detallado auto pone punto y final a las diatribas sobre la capacidad de actuación de Batasua, aunque contra el que cabe recurso de reforma ante el propio Juzgado Central de Instrucción 5 en el plazo máximo de tres días. Fue dictado a las 16.30 horas, después de que la Fiscalía, las acusaciones particulares -Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia- y las defensas de los procesados en el sumario de Batasuna expusiesen durante dos horas su parecer sobre este asunto en la vistilla celebrada al efecto desde las 10.45 horas en el despacho del juez.

La Fiscalía y los acusadores fueron partidarios de la suspensión de actividades y de la prohibición del congreso; la AVT incluso pidió la detención de los promotores por un delito de colaboración con banda armada. Las defensas, que intentaron sin éxito recusar a Grande-Marlaska, argumentaron que Batasuna no puede ser suspendida en un proceso penal porque ya está ilegalizada desde 2003 por el Tribunal Supremo.

El magistrado asegura en el auto que la Audiencia Nacional puede acordar la suspensión cautelar de actividades de la coalición, dentro del sumario penal contra Batasuna que su juzgado instruye desde 2002, porque, aunque se trata de un partido disuelto por el Supremo, en la práctica la formación política ha burlado su ilegalización y continúa su labor política en la clandestinidad.

La renovación de la suspensión está justificada, en su opinión, para abortar el peligro de reiteración delictiva de una organización a la que considera parte integrante de la banda terrorista ETA. A la hora de argumentar la imputación delictiva a la organización repite los mismos argumentos que el 26 de agosto de 2002 sirvieron a Baltasar Garzón para acabar con las actividades de este partido, medida que se mantuvo en vigor hasta igual fecha de 2005.

Proscripción total

Grande-Marlaska, lejos de ceñirse a la mera proscripción de la asamblea de Batasuna del próximo 21 de enero, dictó ayer un auto de 37 folios -cuatro páginas de parte dispositiva- con el que pretende asegurar en la práctica, hasta en el último detalle, la «muerte civil» del partido de la izquierda 'abertzale', que en los últimos meses ha burlado la ilegalización y había retomado su actividad orgánica, según consta en los informes elaborados para el juzgado por los servicios de Información de las fuerzas de Seguridad del Estado.

El juez hace responsables del cumplimiento de sus órdenes a la Consejería de Interior del Gobierno vasco -a través de la Ertzaintza-, en el ámbito del País Vasco, y las jefaturas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en el territorio de Navarra, al tiempo que les exige la presentación mensual en el juzgado de un informe detallado con la evolución de su trabajo, en el que conste el grado de ejecución de las medidas contempladas en el auto judicial.

La resolución prohíbe la participación de Batasuna -o de sus sustitutos en cualquier actividad, interna o externa, pública o privada -incluidas las institucionales-, y en la organización o asistencia a manifestaciones y reuniones.