El bloqueo judicial que viene

Es posible que a fuerza de oír a diario mensajes apocalípticos, los ciudadanos empiecen a estar inmunizados, a considerarlos parte de un lamento constante en el que cuesta encontrar las urgencias verdaderas. Pero cualquiera con algo de sensibilidad social y sentido de la comunidad debe recibir con verdadero desasosiego los mensajes lanzados ayer por instituciones que son pilares de la sociedad.

Por ejemplo, la Justicia, a través de los jueces y funcionarios ha lanzado su enésimo aviso de socorro. Las reformas no llegan, los presupuestos son cada vez más cortos y el atraso crónico que arrastraba se ha convertido, según la decana, en colapso casi absoluto. Situaciones como el aluvión de denuncias por las cláusulas suelo suponen la puntilla, el acabose, por más que el Consejo del Poder Judicial diga que con la adjudicación a un juzgado en concreto estará todo solucionado. Los propios profesionales admiten que son incapaces de ofrecer un servicio mínimamente digno a los ciudadanos, afirman que los números no llegan y que la paralización es una realidad inevitable por una cuestión numérica y matemática.

Las dificultades para lograr un entendimiento entre las entidades bancarias y sus clientes en relación a la devolución del importe cobrado por las cláusulas suelo hipotecarias ha generado una avalancha de denuncias ante el juzgado de lo Mercantil de Cádiz. La situación ha llevado al Consejo del Poder de Judicial (CGPJ) a tomar medidas y a especializar un juzgado gaditano, concretamente el número 2 de Primera Instancia, en este asunto. Pero los trabajadores y responsables ya dan por hecho que nunca será suficiente.

Las dos sentencias, una del Tribunal Supremo, de mayo de 2013, y otra del Tribunal Europeo, de diciembre de 2016, que dan la razón a los titulares de hipotecas con esta cláusula «abusiva», ha provocado un incremento de los pleitos para recuperar el dinero pagado en los últimos años.

Este derecho de los ciudadanos, de los afectados, choca contra la incapacidad de la administración judicial que, después de años de advertencias, no está preparada para afrontar un aluvión de demandas. Es así de triste y de real.