Asignatura pendiente

Recuerdo aquella tarde del 6 de diciembre de 1978; un grupo de amigos que militaban en el Partido Comunista me visitaron en mi despacho de la calle Barquillo de Madrid y expresaron su preocupación por la baja participación que a esas horas se constataba en el curso del referéndum que debía aprobar el texto constitucional. En ese momento los jóvenes comunistas que habían intervenido en las luchas universitarias contra la dictadura apoyaban con fervor una Constitución mediante la cual suponían que se iba a recuperar en España la democracia perdida en 1939, de hecho es ese precisamente uno de los puntos que aprueba el partido en su Congreso de Roma de 1976. Temían que la abstención de buena parte de la derecha, y de los nacionalistas vascos, conduciría a que solo muy precariamente se alcanzara el necesario apoyo del cincuenta por ciento del electorado; finalmente se logró el 59%, aunque en muchas provincias de Cataluña, Euskadi y Galicia no se superó ese 50%.

Desde la perspectiva histórica que nos proporciona los treinta y ocho años recientemente transcurridos las cosas se ven de manera muy diferente. La Constitución de 1978 representó la culminación de un proceso inspirado por los poderes económicos y liderado por el aparato del propio estado franquista, para consolidar un sistema homologable por el mundo occidental tras la desaparición del dictador. No en vano uno de los grandes protagonistas del mismo fue precisamente Adolfo Suárez, secretario general del Movimiento Nacional, pilar político del franquismo. Hitos importantes de aquella historia fueron: el Congreso de Suresnes de 1974 que desplaza de la dirección del PSOE a los veteranos republicanos, y el pacto de Suárez con Carrillo para que éste desmovilizara un Partido Comunista muy potente a cambio de una cómoda legalización.

Desde hace años varios profesores de Derecho Constitucional así como políticos de la izquierda han venido denunciando las sombras de esa Constitución redactada en el marco de un proceso como el descrito. Hay cuatro cuestiones básicas que vician nuestro marco democrático: Un sistema electoral que favorece a los partidos mas votados, con listas cerradas, lo cual convierte a los cargos en funcionarios al servicio de éstos y no de los electores. Los Decretos de Ley que permiten al Ejecutivo invadir competencias del Legislativo, figura de la cual ha abusado el anterior gobierno del PP. La escasa independencia del Poder Judicial, por el procedimiento de nombramientos, así como por las medidas de gracia que han favorecido a policías condenados por torturas y a políticos corruptos. Pero lo más importante es que muchos de los Derechos Humanos se reconocen solo a título meramente enunciativo sin establecer mecanismos que obliguen a los poderes públicos ni a las reservas presupuestarias precisas, y eso afecta a derechos esenciales como: vivienda, educación, sanidad, pensiones y medio ambiente.

En la actual composición de nuestro Parlamento una gran mayoría de los diputados pertenecen a formaciones que han manifestado en sus programas la necesidad de modificar la Constitución. Existen diferencias en las fórmulas para efectuar ese cambio que podría hacerse mediante reformas parciales o abriendo un proceso constituyente. Se trata de una aspiración legítima compartida por la mayor parte de la población y es el reto político más importante al cual se enfrentan hoy por hoy nuestros políticos y nuestros pueblos. Tal vez a una minoría le atemorice abrir la caja de Pandora pero España se merece finalmente aprobar la asignatura pendiente de una democracia plena.