Un prestigioso oftalmólogo no indemniza a un joven al que dejó tuerto por negligencia

Luis Antonio Outeriño, propietario del Hospital de Día Pío XII de Madrid -ejerciendo actualmente como oftalmólogo-, dejó ciego y después tuerto a Adrián Pérez. La tortura de este joven de 25 años comenzó cuando apenas tenía dos años y medio. Torcía la vista y en el ambulatorio le recomendaron a sus padres que lo llevaran a la clínica del doctor Outeriño, el único médico que le diagnosticó catarata congénita -aunque nadie de la familia de Adrián lo haya padecido-.

En el año 92 arrancó su pesadilla de intervenciones quirúrgicas. Le realizaron hasta seis operaciones en su ojo derecho hasta que en 2010 se lo tuvieron que extirpar. La lucha continuada de Adrián le ha llevado a que la Justicia le diera la razón el pasado 10 de abril de 2014.

Outeriño fue condenado a pagar en sentencia firme -no la recurrió- al joven 57.753,72 euros. Así lo dictaminó la juez Esther Lobo Domínguez del Juzgado de Primera Instancia número 88 de Madrid, quien consideraba que el resultado se debía a una mala praxis. La defensa de Adrián solicitaba 269.770,35 euros.

Una lucha sin efecto

Desde entonces, esta víctima no ha visto un solo euro después de desembolsar más de 35.000 euros en abogados y peritos, además de la prótesis que cada dos años tiene que cambiar de su ojo por 2.600 euros. Outeriño ha dejado sus cuentas vacías. Hasta se ha separado de su mujer para que no conste nada a su nombre, detalla el abogado de Adrián, quien ha procedido a la petición del embargo de sus bienes a través de las empresas de la que es dueño el conocido oftalmólogo.

Una es la Clínica Ricaflor, donde le pertenecen a Outeriño como accionista 2.254 euros, según el Registro Mercantil. Otra es la empresa Riflorem, donde le constan 295.320 euros en participaciones y una aportación de 91.000 euros. La última es Rifloftamología S. L., donde tiene 3.000 euros en acciones -a euro cada una-.

Desamparado por la Justicia

Cabría la querella criminal para el doctor, pero a Adrián le supondría otros 6.000 euros más de su bolsillo para que Outeriño pudiera entrar en la cárcel. Prefiere luchar por el dinero, aunque se siente desamparado.

«Es una vergüenza de Justicia. Cuando finalmente se consigue que te den la razón, nadie le puede reclamar ese dinero al que está condenado a pagar. Hay mucha gente que me ha tenido que dejar dinero para llevar a cabo esta batalla y a la que tengo que pagar aún. La Justicia tampoco me ha devuelto ni las tasas. Mientras no pague este señor no acaba el proceso. También hemos pedido los afectados por negligencias - acumula hasta seis condenas por mala praxis- al Colegio Oficial de Médicos que quiten la licencia para poder operar a Outeriño, pero nos dicen que tiene pocas denuncias», afirma Adrián.

Al igual que en otra ocasión que este diario escribió sobre este asunto, el doctor Luis Outeriño no ha atendido a ABC para explicar a qué se debe el incumplimiento de esta sentencia.