Patricia Hernández escenifica el fracaso de su antecesora en el área de Vivienda

El Ejecutivo regional certificó este martes en comisión parlamentaria el fracaso del equipo que dirigió Vivienda en la legislatura anterior, al dar carpetazo a un plan que estaba por aprobarse y anunciar otro nuevo. Con todo, desde el punto de vista de las líneas programáticas selladas entre el PSOE canario y CC en este ámbito, la celebración de la comisión de control en la Cámara se saldó sin apenas contenido que aportar, escenificando, una vez más, que actividades como estas se han convertido en una especie de foro de exposición, diagnóstico y reflexión de los diputados sobre el asunto a tratar.

Diluido así cualquier intento de fiscalización a la gestión de la Consejería de Vivienda, a excepción del protagonizado por la parlamentaria del Grupo Popular Josefa Luzardo, la sesión mensual consistió en un intercambio de intervenciones sobre cada punto planteado, la mayoría de ellas leídas, entre los portavoces de los partidos de la oposición y de los que sustentan el Ejecutivo y las consecuentes respuestas de la consejera regional del ramo y vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández.

Uno de los principales puntos fue la ausencia de un plan de vivienda en Canarias, lo que dio pie a que la consejera anunciara su propósito de sacar adelante otro distinto y renovado. «El que estaba en elaboración lo damos por superado, tanto por el desfase de las medidas con respecto a la realidad como por su caducidad temporal. El mismo hecho de que lo vayamos a aprobar el año en que se tenía que concluir no parece que sea muy coherente», criticó.

Rehabilitación

Por ello, la consejera regional aprovechó para reiterar que el nuevo plan tendrá como «objetivo esencial luchar para que las familias accedan a una vivienda con un precio que puedan pagar, de manera que sus casas sean el eje vertebrador de sus proyectos de vida y no el problema que quiebra sus esperanzas en el futuro».

La idea es que favorezca la creación de empleo a través de la rehabilitación y renovación de áreas urbanas degradadas y, al mismo tiempo, pretende prestar protección a colectivos en riesgo de exclusión social. En este sentido, Hernández subrayó que el capítulo de empleo que incluirá el citado plan tendrá especialmente en cuenta a «los expulsados» del sector de la construcción. Por ello, su departamento ha optado por empezar de cero, al considerar que el que debería estar vigente —de 2013 a 2016— carece de sentido.

Junto a este plan, adelantó otras medidas a emprender, como las encaminadas a mejorar la gestión del parque público de viviendas para evitar que se queden vacías; la próxima movilización del parque de viviendas vacías en manos de bancos, promotores y el Sareb, y otras para favorecer la creación de cooperativas de vivienda y un plan de rehabilitación de vivienda rural. Todo ello después de hacer un crítico repaso a la evolución del sector inmobiliario residencial del Archipiélago, especialmente condicionado y vinculado al «boom» de la construcción turística.

A partir de estadísticas estatales como los procedentes del Ministerio de Fomento, Hernández mencionó los problemas sobrevenidos de los canarios a la hora de hacer frente a los pagos del alquiler o de la hipoteca cuando el parque de viviendas en Canarias supera el millón de inmuebles, adujo. «Los problemas de vivienda son fruto de la crisis económica, de la burbuja, al convertirla en un bien con el que especular», expuso. Factores a los que sumó el aumento «notable» de los precios de la vivienda o «la facilidad para endeudarse».

De acuerdo a sus datos, hasta el año 2011 la situación de los canarios con respecto al cumplimiento de sus pagos de alquileres e hipotecas «seguía estando controlada», pero, a partir del citado año, se disparó la morosidad entre desempleados y trabajadores con sueldos devaluados.

«Las políticas de recortes de derechos del PP provocaron en 2011 un auténtico estallido de la problemática de la vivienda», algo que, a su juicio, se refleja en el porcentaje de canarios que tienen problemas para hacer frente a los pagos de sus alquileres o hipotecas: pasa del 7% en 2007 al 9,8 en 2011 y al 16% en 2014. En su prolija exposición, no mencionó que el fenómeno de «los indignados» se remonta a la última etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y tampoco la representante de Podemos allí presente se lo recordó.

Por su parte, Luzardo trasladó a la consejera la falta de transparencia de Visocan en su funcionamiento, los elevados alquileres detectados y le informó de las cláusulas erráticas de algunos contratos de alquiler de VPO, propiedad de esta empresa pública.