La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner - EFE

Un juez argentino procesa a Cristina Fernández por presunto lavado de dinero

El escrito también se dirige contra sus hijos y varios empresarios de la obra pública

Buenos Aires Actualizado: Guardar
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La ex presidenta, Cristina Fernández, sigue en el ojo del huracán de la justicia. El juez federal, Claudio Bonadío, la procesó por considerarla jefa de una «asociación ilícita» dedicada a «lavado de activos» y realizar «negociaciones incompatibles» con su cargo cuando era Jefa de Estado. En simultáneo el magistrado ordenó un nuevo procesamiento sobre sus bienes y le prohibió a ella y a sus hijos Máximo y Florencia, también procesados, salir del país.

La causa que ha vuelto a poner a la viuda de Néstor Kirchner a los pies de los caballos de la justicia es la conocida como «Los Sauces», nombre de una sociedad y del hotel boutique que construyó la ex presidenta en el terreno prolongación de los jardines de su chalet del Calafate, a pocos kilómetros del imponente glaciar Perito Moreno.

Bonadío también procesó, entre otros, a Romina Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner y sobrina de Cristina Fernández, a los empresarios Lázaro Baéz (en prisión desde hace más de un año), a sus hijos y a Cristóbal López, conocido como el zar del juego. Todos ellos están acusados de formar una asociación ilícita y como el resto no podrán abandonar el país.

En el caso de la ex presidenta, cuyos bienes están embargados, el magistrado la considera «autora penalmente responsable» de cometer los delitos de «asociación ilícita en calidad de jefe en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad» así como de realizar negociaciones incompatibles con su cargo de funcionaria del Estado.

Cristina Elisabet Fernández, de 64 años, se encuentra con varios frentes abiertos en la justicia. Entre las acusaciones más graves se la investiga por recibir presuntos sobornos, adjudicación irregular de obras publica, falsedad de documentos públicos y corrupción.

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