Memoria Histórica en Madrid: Largo Caballero y Prieto, dos símbolos socialistas que dividen a los historiadores
La moción del Ayuntamiento de la capital para retirar a ambos políticos del callejero expone las contradicciones de la ley de Zapatero
Ochenta y cuatro años después, la Guerra Civil cada vez está más de actualidad. Cada vez hay más referencias políticas, más debates y más personajes sacados directamente del 36. Cuantos menos testigos hay vivos, más voces se quieren alzar para contar lo que supuestamente ocurrió.
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En una vuelta de tuerca a la Ley de Memoria Histórica impulsada por Rodriguez Zapatero en 2007, el PP, Ciudadanos y Vox aprobaron esta semana en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el cambio de nombre de la calle dedicada a Francisco Largo Caballero , en el distrito de Ciudad Lineal, y al bulevar de Indalecio Prieto, que se localiza en Vicálvaro. La iniciativa de Vox, que también instó al Gobierno a que retire las estatuas de los dos políticos socialistas que se localizan en Nuevos Ministerios, se sustenta en el artículo 15 de esta ley, que señala que «las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».
El papel del PSOE en la guerra
Francisco Largo Caballero, presidente del Consejo de Ministros del 4 septiembre 1936 al 17 mayo 1937, e Indalecio Prieto, que ejerció varias carteras durante el conflicto, tuvieron un papel clave en los primeros años de la Guerra Civil, cuando la violencia revolucionaria alcanzó niveles macabros. No en vano, el consistorio madrileño tendrá que demostrar para llevar a cabo su proyecto que los dos políticos, repletos de sombras pero también de matices, estuvieron directamente involucrados en fusilamientos extrajudiciales y en las conocidas popularmente como Checas.
Argumentar que fueron o no criminales de guerra requerirá, para empezar, una visión sosegada y contextualizada sobre dos personajes que aún dividen a los historiadores. Julian Casanova , catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, considera que, durante la guerra, «la República –democrática– tuvo que dejar la política y defender su legalidad con armas, a la vez que desde abajo estalló una revolución social, muy violenta, muy difícil de controlar en los primeros meses pese a los intentos serios desde arriba de muchos políticos –incluido Prieto y Largo Caballero–. Situar a ambos en la senda del crimen, después de años de dictadura, exclusión, represión y ausencia de libertades, es una decisión política que nada tiene que ver con lo que hemos examinado decenas de historiadores», apunta.
Muy diferente interpreta los hechos Stanley G. Payne , catedrático emérito de Historia en la Universidad Wisconsin-Madison, quien apunta que, «si bien Largo Caballero y Prieto no fueron jefes de las Checas , sí fueron los líderes del Gobierno que oficialmente las autorizó. ¿Cómo pudieron estar más «involucrados» en estos crímenes?», se pregunta el hispanista.
«Ambos políticos tuvieron una responsabilidad muy directa en la entrega de armas a los militantes de los partidos y sindicatos de izquierda, y en la conversión ilegal de esos militantes en cuerpos de policía que propició los numerosos crímenes en la zona republicana. Suele eximirse a ambos afirmando que la fase más intensa de la represión republicana sucedió con el Gobierno Giral, y que cuando Largo Caballero y Prieto ascienden al poder en septiembre de 1936, ésta se frena. Lo cierto es que lo hizo muy lentamente, y que los paseos continuaron un tiempo sin que el Gobierno, que tenía fuerza pública y a esas milicias a sus órdenes, hiciera nada por impedirlo», explica Roberto Villa García , profesor titular de Historia Política de la Universidad Rey Juan Carlos.
Uno de los argumentos esgrimidos por Vox para retirar los símbolos de estos dos socialistas es su implicación en distintos episodios revolucionarios. Francisco Largo Caballero, de la escisión marxista del PSOE, no ocultaba en sus discursos que la meta de las luchas sociales sería una revolución y la democracia, un mero instrumento. «Hoy estoy convencido de que realizar obra socialista dentro de una democracia burguesa es imposible; después de la República ya no puede venir más que nuestro régimen», afirmó tras la derrota de las izquierdas en las elecciones de noviembre de 1933. El socialista apostó entonces por el camino de la insurrección y por romper con la legalidad republicana en octubre de 1934. Prieto no estuvo en la gestación del golpe, pero finalmente se sumó junto a sus compañeros de partido a una revolución que costó la vida a 2.000 personas y desató la persecución violenta de sacerdotes y religiosos.
La Ley de Memoria Histórica no entra a valorar hechos anteriores a la sublevación militar de 1936 y analiza caso por caso. La posición de Indalecio Prieto, quien pronto se convirtió en el enemigo público de las corrientes más radicales, divergió en muchas cuestiones de la de Largo Caballero. «Lo de Prieto es más complicado, pues a veces pidió moderación y abogó por la no violencia, mientras en otras ocasiones, no. Hay que recordar que el socialista que asesinó a Calvo Sotelo fue prietista, y que Prieto personalmente escondió y apoyó a los asesinos, y así fomento muy directamente la Guerra Civil», asegura a ABC Stanley Payne, quien tiene claro que Prieto no tiene de «ningún modo las manos limpias».
Historiadores y jueces
Ninguno de los dos superaría los estándares democráticos acordados en 1978, pero de ahí a demostrar que fueron criminales de guerra hay un largo y laborioso proceso que sitúa a los historiadores en un terreno incómodo. «Ambos son personajes históricos a los que hay que entender en la época que les tocó vivir, insertos en la causa política que defendían, sin presentismos. Los historiadores solemos tratar con complejidad estas cuestiones, y no hacer simples inventarios de bondades y maldades», defiende Villa García, que lamenta que con otros personajes afectados por la Ley de Memoria Histórica no se permitió introducir matices ni actuar con la cautela debida.
La imposibilidad de consensuar una «Memoria Oficial» a través de los historiadores, no al menos a la velocidad que exige la política, pone sobre la mesa los propios remiendos de una ley pensada como arma para valerse del pasado en las contiendas del presente. «La Historia es una ciencia, no un relato para legitimar intereses de partido», destaca Villa García. Casanova, que acaba de publicar el libro «Una violencia indómita» (Crítica), recuerda que «los historiadores no ponemos a los personajes en una sala de juicio y decidimos quiénes son culpables o no». ¿Y los políticos?
