Infraestructuras, financiación y agua: Los trenes que no pueden pasar de largo el próximo año

La Comunidad Valenciana afronta tres grandes retos el próximo año que, en gran medida, dependen de la composición del próximo Gobierno central y de la estabilidad política que se derive de éste. La gran aspiración, que por su imperiosa necesidad se antepone a cualquier otra, pasa por lograr un nuevo modelo de financiación autonómica que permita a la Generalitat afrontar el gasto en materias básicas como sanidad, educación y servicios sociales. En estos momentos, la Comunidad Valenciana es la autonomía más endeudada de España respecto a su Producto Interior Bruto (PIB) y la segunda con más déficit.

Financiación autonómica: Más de 1.500 millones de euros anuales

Los informes elaborados por expertos y la totalidad de grupos políticos coinciden en que la Comunidad Valenciana necesita un nuevo modelo que le aporte 1.500 millones de euros adicionales al año para hacer frente al gasto social y, de alguna forma, poder refinanciar la llamada «deuda histórica» derivada del desfase entre los fondos recibidos y las necesidades reales, que la Generalitat cifra en el entorno de los 40.000 millones de euros.

En los últimos años de la anterior legislatura, el Gobierno central habilitó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para prestar dinero a las regiones que, como la Comunidad Valenciana, no podían recurrir a los mercados tradicionales de deuda para financiarse.

Esos fondos (préstamos a interés cero) han permitido al Consell en los últimos ejercicios, primero bajo el mandato de Alberto Fabra y en la actualidad con el socialista Ximo Puig al frente, atender pagos a proveedores y subvenciones de toda índole.

El reto para 2016, que requerirá de un consenso entre las Autonomías y un Ejecutivo central fuerte, pasa por aprobar un nuevo modelo que permita el autogobierno valenciano con una financiación estable que acabe con los desequilibrios actuales entre regiones. Al margen de los fondos para la financiación de la Generalitat (que aumentarán por el incremento de la recaudación tributaria derivada de la recuperación de la actividad económica), la Comunidad Valenciana también precisa de un impulso a las inversiones estatales en la región que mitigue en parte los efectos de la «deuda histórica».

Infraestructuras: Corredor Mediterráneo y AVE regional

En este sentido, la sociedad civil y el Consell caminan de la mano para reclamar al nuevo Gobierno (que ya no manejará el Presupuesto desde la atalaya de una mayoría absoluta) que las inversiones territorializadas reflejen el peso real de la Comunidad Valenciana en el conjunto de España tanto en población como por su aportación al PIB: el histórico porcentaje del diez por ciento.

Así, hay dos infraestructuras que se antojan claves. Por un lado, la ejecución del Corredor Mediterráneo de mercancías que facilite la salida de las exportaciones valencianas, especialmente las del automóvil y las del sector agroalimentario.

Todos los estudios indican que este eje resultará vital para la competitividad del tejido empresarial valenciano durante las próximas décadas. En la misma línea, el nuevo Gobierno debe abordar el compromiso incumplido de que a la ciudad de Castellón llegue el AVE y, en consecuencia, poder conectar las tres capitales de provincia de la Comunidad Valenciana a través de la alta velocidad ferroviaria y mejorar de esta forma la vertebración territorial.

Un proyecto para que el que ya existe una clara voluntad política, con todos los proyectos redactados, pero a la espera de tener la concreción presupuestaria que queda pendiente de la conformación de nuevo Gobierno.

Déficit hídrico: En busca de una solución global

La nueva legislatura que arranca en el año 2016 debería llevar consigo también la resolución al histórico déficit hídrico que padece la región, con especial virulencia en la provincia de Alicante. Frente a las invectivas del Gobierno de Castilla-La Mancha contra el trasvase Tajo-Segura (esencial para el desarrollo económico alicantino), el nuevo Ejecutivo debe definir un Plan Hidrológico Nacional que también contemple las transferencias internas del Júcar al Vinalopó.

Al mismo tiempo debe regular el uso eficiente de la desalación y, en definitiva, resolver un problema histórico que se ha enquistado durante los últimos veinte años por los conflictos territoriales y la utilización partidista con fines electorales.