PP y Ciudadanos piden la suspensión cautelar del Pleno de desconexión

Los tres recursos de amparo presentados hoy por PP, PSC y Ciudadanos ante el Tribunal Constitucional tienen como objetivo frenar la aprobación de un acuerdo de ruptura, pactado entre Junts pel Sí y la CUP, en el Parlamento catalán. Asimismo, censuran que la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, convocara ayer la Junta de Portavoces para tramitar de urgencia ese documento, sin que el PP hubiera constituído su grupo parlamentario -tiene de plazo para hacerlo hasta el viernes-. Sin embargo, mientras PP y Ciudadanos piden la suspensión cautelar de los acuerdos de la Mesa para frenar la celebración del Pleno, previsto para el lunes, el PSC no lo hace por entender que se trata de una medida "muy excepcional".

Los populares presentan recurso contra la tramitación por vía de urgencia del acuerdo de ruptura; contra el acuerdo de la presidenta del Parlamento catalán de convocar la Junta de Portavoces -sin que el PP hubiera constituído su grupo- y contra el acuerdo de la Mesa de desestimar los escritos de reconsideración sobre la admisión de la declaración.

Asimismo, reclama al Alto Tribunal la suspensión cautelar, previa a la admisión de los actos recurridos "por concurrir un supuesto de urgencia excepcional".

Argumenta el PP en su escrito que la propuesta de JpS y CUP, "de forma notoria y grosera pretende el establecimiento de una Cámara con poderes ilimitados e incita a la desobediencia frente a nuestro sistema constitucional de convivencia". Afirma que la Mesa del Parlamento autonómico "tiene la obligación de inadmitir las iniciativas que vulneren la Constitución y el Estatuto de Autonomía". Respecto a la celebración de la Junta de Portavoces, sin presencia del PP, consideran que los diputados recurrentes que no se han constituído aún en grupo parlamentario -tenían de plazo hasta el viernes- se han visto privados de su legítima representación y de la defensa de su posición en la Junta, a pesar de que dichos diputados gozan aún de varios días hábiles para poder constituirse en Grupo parlamentario".

Al igual que el PP, Ciudadanos pide la suspensión de los acuerdos recurridos "dada la extraordinaria gravedad que para la supervivecnia del propio orden constitucional tienen los acuerdos impugnados". Entiende la formación naranja que "la Mesa del Parlamento de Cataluña nunca debió admitir a trámite una propuesta que pretende la desconexión del orden constitucional español, la secesión de una parte del territorio, la desobediencia a todas las resoluciones judiciales y el inicio de un proceso constituyente como una simple proposición" dado que "la misma nunca puede tramitarse sin que previamente se haya iniciado una propuesta de reforma constitucional". Añade que la "legitimación democrática del Parlamento de Cataluña no le permite declarar la existencia o crear un sijeto jurídico que entre en competencia con el titular de la soberanía nacional, ni mucho menos proclamarse a sí mismo como poder constituyente para la creación de una República catalana independiente, con desconexión del ordenamiento constitucional español".

Por su parte, el PSC no pide la suspensión del Pleno, pero sí que se tramite la resolución de ruptura. Considera, en sus fundamentos jurídicos, que la tramitación de la inicistiva se ha forzado la interpretación del Reglamento del Parlamento hasta el extremo de incumplirlo, afectando a los derechos de los representantes de la ciudadanía y se ha negado la asistencia letrada a los diputados del PSC, lo que también afecta a su derecho.

La tramitación de la iniciativa es "manifiestamente inadecuada, suponiendo en realidad un intento fraudulento de hacer pasar como mera propuesta de resolución lo que debería ser en todo caso ser vehiculado a través de otro tipo de iniciativa parlamentaria, con requisitos formales y majorías para su aprobación, que son bien diferentes de las de una propuesta de resolución". Entienden los socialistas que el contenido del acuerdo es "manifiestamente incompatible con la Constitución y con el Estatuto". De acuerdo con la jusrisprudencia constitucional sobre el carácter y producción de efectos jurídicos de determinadas resoluciones parlamentarias, el contenido del texto situaría a la Cámara "fuera del marco institucional configurado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía"..