Sin seguridad (jurídica) no hay democracia ni Estado de derecho

El pasado sábado en este mismo periódico, Luís Ventoso, se preguntaba si las cosas que pasan en Cataluña algo tienen que ver con los que aquí vivimos. Y no se puede negar, pero también es cierto que hablando de responsabilidad(es), otros la tienen superior, por cuanto detentan más poder.

Es cierto que los madrileños y los españoles en general «no son quienes admiten y toleran» la propaganda separatista sufragada con el dinero que falta para pagar a las farmacias. Pero si son quienes toleran y soportan en silencio, sin solidaridad y con pocos principios civiles y democráticos, que las instituciones del Estado estén tan corruptas que permitan desde hace años, que estas situaciones de abuso de poder y de mala conducta (corrupción en sentido sociológico) sean posibles, no solo en Cataluña.

En España las referencias a la corrupción política, tanto en los medios jurídicos, en los debates políticos o en los de comunicación de masas, son siempre referidos al poder ejecutivo, autonómico o municipal, pero solo en muy contadas excepciones al judicial, cuando es este poder, la base del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica necesaria para garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos en una sociedad democrática.

Es curioso que según denuncia el Consejo de Europa el pasado mes de abril «La asamblea parlamentaria considera la corrupción judicial como un asunto de gran preocupación que socava los cimientos del estado de derecho y la posibilidad misma de lucha contra la corrupción en otros sectores de la sociedad», recogido textualmente en la Resolución 2098 motivada, en España entre otros, precisamente, tras conocerse los resultados del barómetro de Transparency Internacional. Mientras en España apenas se habla de ella a pesar de los escándalos judiciales continuos y continuados que los tribunales provocan con sus resoluciones y sentencias o con sus incumplimientos.

La última de la que hemos tenido conocimiento, la sentencia del TS sobre la denuncia de un padre gerundense que reclamaba los derechos fundamentales y civiles de sus hijos a la igualdad, a la no discriminación y a la garantía de los mismos por parte de la administración, en la enseñanza y la educación, según sentencias del mismo TS. En esta ocasión el mismo TS se contradice y niega lo reconocido por el mismo tribunal con anterioridad. No nos sorprende, cuando averiguamos que la magistrada ponente de la sentencia, siendo magistrada del TSJ de Cataluña, había declarado 20 años atrás en otra sentencia, que la Ley de Inmersión Lingüística de Cataluña era totalmente constitucional.

A nadie sorprende que Europa avise que, en España, el sistema judicial es la tercera institución menos valorada y que el 51% de los encuestados reconocieron desconfiar de la misma. Por eso nuestra asociación ya solo recurre a las instancias europeas para nuestra protección y de la propia democracia y el estado de derecho, como valores fundamentales de los ciudadanos europeos. Como decía otro insigne periodista de ABC en la misma página referida al principio (Ramón Perez-Maura) citando a Cicerón: «¿hasta cuándo abusaras, Catilina, de nuestra paciencia?»

Ángel Hernández Guardia es presidente de Moviment Cívic 12-Octubre.