Infraestructuras y populismos

El aeropuerto de Castellón ha quedado como el mayor ejemplo de la construcción masiva e injustificada de infraestructuras. Ahora son todo críticas y nadie se acuerda ya de que su construcción fue reclamada, exigida más bien, por prácticamente todos los grupos políticos de la provincia. ¿Quién se iba a atrever a decir en Castellón que su aeropuerto no era prioritario?

Cualquier político que pisara la ciudad llevaba en su guion la defensa acérrima de la obra, sin importar su coste o necesidad. En los titulares no hay lugar para explicaciones y sí para promesas electoralistas que pueden ganar simpatías. ¿Y a quién le importa si son inabordables, o si su ejecución va en contra del interés general? Populismo en estado puro.

La crisis no ha servido para reformar este modus operandi y los grupos políticos locales, muchas veces en contra de sus programas nacionales o incluso de sus postulados políticos, siguen reclamando mastodónticas infraestructuras para sus municipios. Compiten en griterío, exigencias, y a menudo demagogia para atraer la atención de la población, clamando su movilización en búsqueda de la popularidad propia. Las administraciones autonómicas o central acaban respondiendo a esta presión diciendo que encargarán el proyecto, haciendo promesas nada meditadas o incluso firmando convenios de obras cuya ejecución ya se sabe es muy complicada o, aún peor, improcedente. Enorme irresponsabilidad.

Cada euro invertido en infraestructuras sale del bolsillo de los ciudadanos, y si queremos que se dedique a lo que de verdad hace falta es necesario abandonar este mecanismo perverso de toma de decisiones.

En primer lugar, estableciendo una priorización clara y con criterios objetivos de las obras a llevar a cabo, que impida decisiones arbitrarias o improvisadas, tal y como Ciudadanos propuso ya en el Congreso. Después, clarificando legalmente la responsabilidad de cada administración en la planificación de infraestructuras y más aún en su financiación. Cada administración debe soportar parte de la carga de las infraestructuras que reclama. Por último, evaluando también las inversiones ya realizadas, reclamando responsabilidades políticas a quienes las impulsaron o apoyaron. Mientras no se consiga, prometer obras seguirá saliendo a cuenta a unos cuantos. Y haciéndonos mucho daño a todos.

Marina Bravo es diputada de C's en el Parlament.