Archivada la causa contra los diputados de Unidas Podemos por manifestarse en una protesta de Alcoa

La juez que investigaba los altercados entre Policía, tres diputados y una exparlamentaria de Unidas Podemos, por un presunto delito de atentado contra la autoridad durante una protesta junto a los trabajadores de Alcoa frente al Congreso, en marzo, ha archivado la causa. El proceso afectaba a los diputados Yolanda Díaz –futura ministra de Trabajo del Gobierno de coalición–, Rafa Mayoral, Antón Gómez Reino y a la exdiputada Ángela Rodríguez «Pam».

La investigación se inició en septiembre tras un atestado de la Brigada Provincial de Información de Madrid –con respecto a una protesta del pasado 28 de marzo– en el que se exponía que los diputados de Podemos arengaron a las masas , tiraron las vallas del perímetro de seguridad y golpearon a algunos agentes en los momentos de más tensión durante la manifestación de los trabajadores frente a la Cámara Baja.

Según ha informado este miércoles Europa Press, la instructora ha decidido archivar la causa «no teniendo pues encaje los hechos denunciados en la figura penal del delito que nos ocupa a la vista de las manifestaciones de los propios agentes en la descripción de los hechos individuales». Apunta además que son «inconcretos, vagos, genéricos y sin entidad suficiente».

Durante un encuentro este miércoles con el Comité de Empresa Alcoa San Cibrao para abordar la situación de los trabajadores, en el Congreso, Rafa Mayoral ha defendido que «no existía ningún hecho que pudiera ser considerado delictivo y por eso se produce el archivo». Gómez Reino también ha manifestado la «irregularidad» de las imputaciones y ha celebrado la noticia. No obstante, el diputado gallego ha expresado que todavía mantiene su «preocupación porque sigue habiendo compañeros trabajadores que están imputados».

Los eximputados de Unidas Podemos solicitaron durante una rueda de prensa en septiembre la comparecencia urgente en la Cámara del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska , para que explicase «un atestado policial» que consideraban «falso» y lo que, a su juicio, hsupuso un «nuevo caso de policía política» contra esu grupo parlamentario.