INDUSTRIA
Alcoa da hasta el domingo a la plantilla para que avale la venta
Si no lo hacen y la multinacional no cede 263 trabajadores podrían ser despedidos
Alcoa mantiene el pulso con los trabajadores de La Coruña y Avilés. La multinacional del aluminio sigue insistiendo en que deben avalar la venta de las factorías al fondo suizo Parter. Por el momento, les da de plazo hasta el próximo domingo para hacerlo. Si no hay respuesta afirmativa, el próximo lunes podrían empezar a ejecutarse los 263 despidos previstos en las dos plantas que cuentan con una plantilla conjunta próxima a los 700 empleados.
Este es el escenario que trasladaron fuentes cercanas a las negociaciones a Efe. Los comités de empresa, Alcoa y representantes del Ministerio de Trabajo continúan reunidos desde primera hora de la tarde en Madrid para tratar de cerrar un texto para el acta que daría por finalizado el acuerdo del ERE . El día anterior ya lo habían intentado sin éxito. Según Efe, Alcoa no dio su brazo a torcer y mantuvo la redacción del acta presentada el miércoles . El documento cuenta con el respaldo de casi todas las partes, incluidos los abogados de CCOO a nivel estatal, aunque sigue sin el beneplácito del comité de empresa de Avilés. La representación sindical de los trabajadores coruñesa tampoco aprueba el texto ofrecido por Alcoa el miércoles, apuntó a ABC el presidente del comité, Juan Carlos López Corbacho.
Las fuentes consultadas por Efe no descartan que si los sindicatos no aceptan el texto y no se vuelve a ampliar el plazo más allá de este domingo el ERE se podría ejecutar el próximo lunes . En enero, Alcoa y los sindicatos firmaban un acuerdo para posponer el cierre de las factorías que daba hasta el 30 de junio para buscar un inversor interesado. Si no aparecía, 263 trabajadores de La Coruña y Avilés perderían sus empleos . Para el resto de la plantilla indefinida, Alcoa ofrecía un plan de recolocaciones en la única fábrica que tiene operativa, San Cibrao, o jubilaciones anticipadas. Además, mantendría a otros 205 empleados en las fundiciones de La Coruña y Avilés.
Aunque el 18 de junio la compañía firmaba un preacuerdo para la venta con el fondo suizo Parter, el pasado viernes le exigía nuevas garantías financieras. Según la multinacional estadounidense, el fondo tenía que justificar que disponía de liquidez suficiente para hacerse cargo de los trabajadores durante dos años.
Según Efe, el documento que certifica el cierre del ERE señala que si el 31 de julio Parter cuenta con el apoyo financiero exigido no se procederá al ERE, mientras que en el caso contrario el despido se ejecutará a partir del 1 de agosto. Desde el Ministerio de Trabajo se ha trasladado que el texto es asumible para los sindicatos ya que no introduce obligaciones distintas a las que se acordaron el 15 de enero.
Los sindicatos tanto de La Coruña como de Avilés l levan tiempo avisando de que no les corresponde a ellos avalar la operación. Afirman que desconocen si Parter cuenta con suficiente músculo financiero para mantener a las plantillas en el futuro. Según informó el comité de empresa gallego, Alcoa ya habría firmado el martes un nuevo preacuerdo de venta para traspasar las factorías el próximo 31 de julio. La operación contaría con el visto bueno de la dirección de la multinacional en Pittsburg.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo esta mañana que la situación de Alcoa, tanto en La Coruña como en la planta que de momento mantiene operativa en San Cibrao, es uno de los dos grandes problemas industriales a los que se enfrenta Galicia. El otro, subrayó, es la falta de carga de trabajo para Navantia —los astilleros ferrolanos pasarán tiempo con las gradas vacías mientras no se pueda cortar chapa para las cinco fragatas F-110 encargadas por el Ministerio de Defensa. «Estamos en junio, Alcoa sigue exactamente igual y Navantia sigue exactamente igual», señaló el titular de la Xunta, para después afear al Gobierno central que «simplemente» está viendo «qué pasa» y «no aprueba» el estatuto electrointensivo.
El Gobierno había prometido aprobar el estatuto, con un conjunto de medidas para rebajar la factura de la luz a la industria electrointensiva, antes de las últimas elecciones generales. Sin embargo, a unos días de agotarse el plazo aparcó el texto tras un dictamen negativo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia alertó de que las medidas podrían tener problemas en la Unión Europea , dado que podría considerarlas ayudas de Estado. Parter fía la continuidad de su proyecto industrial para las plantas de La Coruña y Avilés a que pasados los dos primeros años consiga rebajar los precios eléctricos.
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