Puñalada de los políticos al diálogo social

Yolanda Gómez Rojo

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07/02/2022
Actualizado a las 00:33h.

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El Congreso de los Diputados aprobó el jueves en un pleno de infarto, por la mínima, por un voto erróneo de los populares que no se pudo cambiar, la reforma laboral acordada por los agentes sociales tras más de nueve meses de negociaciones. Puede que sea una de las leyes más importantes que se han aprobado en la legislatura, o al menos una en la que más se jugaba España, no solo el Gobierno español. Europa condicionó la llegada de fondos a la aprobación de la norma, y no de una norma cualquiera. Los representantes de las empresas y de los trabajadores lograron lo que parecía imposible en un primer momento: un acuerdo para reformar la ley de 2012 que tanto habían aplaudido las instituciones internacionales, que contaba con el visto bueno de la Comisión Europea y abría la puerta a la recepción de las ayudas. Pero parece que a la mayoría de sus señorías, incluido al propio Gobierno, les interesaba más el tacticismo político cortoplacista, que el contenido de la una ley que marcará las reglas del juego con las que se moverán empresarios y trabajadores en los próximos años. El atacar y debilitar al oponente, en vísperas de unas elecciones autonómicas, primó más en las estrategias de los partidos que el interés de España y de los españoles.

De no haber sido por la carambola, el destino, la providencia divina, o la cuestionable actitud de la presidenta del Congreso al no dejar rectificar su voto al diputado del PP que dice que la tecnología cambió el sentido de su sufragio, el decreto de la reforma laboral no se habría convalidado. Sería la primera vez en la historia de la democracia, al menos que yo recuerde, que un acuerdo del diálogo social para reformar una norma no es ratificado después en la Cortes. Hemos visto como gobiernos de uno y otro color han aprobado normas laborales sin el acuerdo de los agentes sociales o con el apoyo de una sola de las partes: de los sindicatos, cuando han sido ejecutivos de izquierdas, o de los empresarios, si eran de derechas. Pero nunca se había echado para atrás una reforma pactada por los agentes sociales, y que tendrán que aplicar ellos en sus lugares de trabajo.

Los más puristas insisten en que la soberanía popular está en el Parlamento y que, por lo tanto, los grupos políticos y los diputados pueden modificar y aprobar la legislación que consideren oportuna. Y es cierto. Pero también lo es, y en eso están todos los expertos de acuerdo, incluidas las instituciones internacionales –y por eso era tan importante presentar en Bruselas una reforma con el apoyo de empresarios y sindicatos–, que aquellas normas que surgen del diálogo social son mucho más efectivas que las que impone el Ejecutivo de turno, por mucho que tengan el apoyo de la mayoría del Parlamento. Por muy estupendas que se pongan sus señorías, ni los partidos políticos de derechas ni los de izquierdas saben mejor que los empresarios y los trabajadores cómo funciona el mercado laboral y cómo se puede mejorar.

Y es cierto que la nueva reforma laboral no es ningún bálsamo de Fierabrás. No va a acabar de un plumazo con la temporalidad, ni va a dar resultados en el primer mes de su aprobación, como intentó hacernos creer la ministra Díaz el jueves en el Congreso. Y es verdad que a algunos les hubiera gustado elevar el coste del despido y dar todo el poder de negociación a los sindicatos; y otros hubieran preferido que se apostara por la desregulación total y que las empresas pudieran hacer y deshacer a su antojo en función de las necesidades de la compañía. Pero si empresarios y sindicatos han sido capaces de renunciar a sus propuestas de máximos en aras del acuerdo, que los políticos no hayan sido capaces de sacar adelante la norma con una mayoría holgada, es una puñalada de los políticos al diálogo social sin precedentes.