Representantes del G-20, durante su reunión celebrada en Washington
Representantes del G-20, durante su reunión celebrada en Washington - AFP

El G-20 acuerda elaborar una lista negra de paraísos fiscales

Asume la propuesta de los primeros países europeos, entre ellos España, tras los «papeles de Panamá»

Corresponsal en Washington Actualizado: Guardar
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Las presiones han surtido efecto. La iniciativa liderada por los principales países europeos, el llamado G-5, con Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España, y respaldada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE, ha sido aceptada por el G-20, que elaborará una lista negra de paraísos fiscales. El grupo de países que engloba a las economías avanzadas y emergentes alcanzó un acuerdo para una declaración formal que prevé «identificar a los paraísos fiscales que no cooperen en la divulgación de datos para la transparencia de las empresas offshore». El acuerdo, pendiente de su ratificación final en la próxima reunión del G-20, en julio, es la primera gran respuesta mundial tras el escándalo de los llamados «papeles de Panamá», que ha destapado un gran número de personalidades de todo el mundo que se beneficiaban que operaba con dinero opaco a través de sociedades radicadas en ese país.

El grupo de países considera que se trata de « medidas defensivas», ante lo que supone en muchos casos un intento de evadir dinero de los impuestos de los países respectivos, o, en otros casos, aun no siendo ilegal, se traduce en beneficios personales de políticos o responsables de la administración de algunos países, que prefieren no declarar en el suyo propio. La publicación de los papeles de Panamá ha conllevado la dimisión del primer ministro de Islandia, y, de manera indirecta,la renuncia del ministro de Industria español, José Manuel Soria.

En el documento provisional de declaración conjunta, los países se proponen «mejorar la transparencia» de las llamadas empresas offshore (que significa que están en el exterior, fuera de la legislación del país correspondiente), lo cual se considera «vital para proteger la integridad del sistema financiero internacional».

La decisión está relacionada también con la lucha contra el uso de todo tipo de recursos «para el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, la evasión fiscal y la corrupción en general».

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