Vocales del CGPJ critican que haya lista de evasores y no de pederastas

«Cuando la política legislativa afecta directamente a derechos fundamentales no puede guiarse por el oportunismo ni por las exigencias del clima electoral». Así lo consideran cinco de los diez vocales del Consejo General del Poder que el lunes votaron en contra del informe del anteproyecto de ley que avala la publicación de los nombres de los condenados por fraude fiscal. A su juicio, resulta contradictorio que se prevea la medida de publicidad en el caso del fraude fiscal y no para «otros bienes sin duda más valiosos, como la vida, la libertad personal o la libertad sexual».

No es que estos vocales aboguen por que exista un registro de condenados por asesinato, violación o pederastia, sino que se limitan a poner de manifiesto que en todos los casos los límites a derechos fundamentales como son el honor o la intimidad tienen que ser «proporcionales, necesarios, idóneos y adecuados».

En el escrito, al que tuvo acceso ABC y que firman Roser Bach, Enrique Lucas, María Victoria Cinto, Concepción Sáez y Clara Martínez de Careaga, estos vocales consideran que el legislador no puede establecer restricciones «a su arbitrio» a derechos fundamentales. Y subrayan que el anteproyecto del Gobierno se mueve en un «terreno extremadamente difuso» y adopta una medida (la publicación de esos nombres) que implica una clara «injerencia».

Aseguran que el legislador «mezcla» «transparencia y publicidad»: la primera es una cualidad de los organismos públicos y privados, mientras que la segunda, referida a la actividad judicial, «es un principio constitucional vinculado a valores esenciales», sobre todo en lo penal.

«Rechazo social indiscutible»

Los vocales reconocen que los delitos contra la Hacienda «han adquirido en los últimos tiempos una resonancia y rechazo social indiscutible». Creen que esa realidad puede requerir una adecuación del ordenamiento que «dé respuesta a los desmanes». Pero la reacción sin considerar el conjunto del ordenamiento penal da lugar a una «asimetría» que no tiene justificación. «Lo peor que se puede hacer en la circunstancia política en la que nos encontramos es abdicar de la recta aplicación de los principios y reglas que definen a un Estado de Derecho por odiosas y reprobables que sean las conductas» contra las que se dirige el anteproyecto, señalan.

Precisamente ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, calificó de «ejemplar y transparente» la decisión de publicar los nombres de los condenados en sentencia firme por fraude fiscal. Sobre la posibilidad de extrapolar esta lista a los violadores o pederastas, subrayó que no está en los planes del Gobierno. Sí la creación de un registro internacional de agresores sexuales y de menores al que accedan solo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.