Toxo y Méndez en una manifestación del Primero de Mayo
Toxo y Méndez en una manifestación del Primero de Mayo - JAIME GARCÍA

Los escándalos minan el poder de UGT y CC.OO. en las empresas del sector privado

CSI-F, sindicato mayoritario en la Administración, gana peso como tercera vía alternativa

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Los recientes escándalos protagonizados por los dos sindicatos mayoritarios del país, CC.OO. y, sobre todo, UGT, han tenido dos consecuencias inmediatas: por un lado, la caída del número de afiliados y, por otro, el auge de otras organizaciones en el sector privado, como sucede con CSI-F (Central Sindical Independiente y de Funcionarios).

Después de los casos de los ERE en Andalucía, los despilfarros de UGT en aquella comunidad, el fraude en los cursos de formación, etc… tanto CC.OO. como UGT han perdido 355.000 afiliados durante la crisis, tal y como publicó ABC hace unas semanas.

Como consecuencia de esta pérdida de credibilidad de los sindicatos mayoritarios los trabajadores buscan otras opciones alternativas, con un perfil más profesional, independiente y menos ideológico. Y en este contexto es donde ha aparecido con fuerza CSI-F, el sindicato más representativo en las administraciones públicas que ha dado en los últimos años un salto a la empresa privada «pese a la diferencia de recursos respecto a los sindicatos mayoritarios, la falta de información sobre procesos electorales y la imposibilidad legal de preavisar en las empresas en las que no están representados», subraya a este periódico su presidente, Miguel Borra.

Prueba de ello son los resultados que están consiguiendo en los últimos meses, periodo durante el cual se están celebrando la mayoría de las elecciones sindicales en España. Así, por ejemplo, CSI-F ha obtenido nueve de los doce delegados de la multinacional de cosméticos Estèe Lauder; ha sacado 29 de los 35 delegados de Talgo España; son mayoritarios en los comités de empresa de Isdefe (NASA en España) en los centros de Madrid y Robledo de Chavela; ha sido el sindicato más votado en Adif Alta Velocidad, por delante de CC.OO. UGT y CGT; ha obtenido tres delegados en la fábrica de Flex en Madrid por uno de UGT; entra por primera vez en Heineken, con cuatro delegados; también estrena representación en Coca-Cola; ha sido el sindicato más votado en Cuétara, aunque era la primera vez que se presentaba; es ya la segunda fuerza sindical en Michelin, con 23 delegados y tres miembros del comité intercentros; y ha sacado mayoría absoluta en los comités de empresa de Nestlé en Barcelona y en Santander.

Miguel Borra explica que, contrariamente a lo que se puede pensar, los escándalos protagonizados por UGT y CC.OO. «no nos beneficia», ya que lo que se produce es «un gran desencanto entre los trabajadores que les conduce a la abstención».

Más de 4.000 delegados

Afirma que CSI-F «continúa su crecimiento progresivo en el ámbito de la empresa privada, restando espacio electoral a las organizaciones tradicionales y convirtiéndose en una tercera vía alternativa para los trabajadores». Esta evolución se produce fundamentalmente desde 2009, con un crecimiento exponencial hasta alcanzar los 4.000 delegados (se ha multiplicado por cuatro el número delegados).

No obstante, CSI-F considera muy oportuno extender el debate abierto en la sociedad española al ámbito de las organizaciones sindicales y para ello propone una reforma de la legislación vigente (fundamentalmente de la ley orgánica de libertad sindical y de las leyes electorales) que amplíe los cauces democráticos, favorezca la representatividad y la proporcionalidad y que equipare el valor de los votos –se obtienen, por ejemplo, más delegados en un colegio privado que en otro público–, independientemente de su procedencia. También pide una nueva ley que reconozca el derecho de todos los sindicatos a promover elecciones en una empresa, así como la modificación de la ley orgánica de libertad sindical para adquirir la condición de sindicato «más representativo» con el mismo criterio y porcentaje de representación que se requiere hoy a los partidos políticos,en cada ámbito territorial. Por último, exigen una legislación más justa que no discrimine a los sindicatos confederales de ámbito estatal frente a los nacionalistas, y una ley de financiación de las organizaciones sindicales que refuerce la transparencia.

De momento, «no hemos notado mucha receptividad por parte del Gobierno a nuestra propuesta para reformar la legislación de tiempos de Felipe González», apunta Borra.

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