Interior avisa de una «escalada de violencia» tras quedarse sin su ley de seguridad
El Poder Judicial aprueba por unanimidad y sin cambios el dictamen que tumba la 'ley Fernández'
MADRID. Actualizado: Guardar«Hay una escalada de violencia» que busca «desestabilizar el sistema democrático y Estado de Derecho». Las rotundas palabras del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, poco antes de la reunión del Consejo General del Poder Judicial, no fueron suficientes para convencer a los jueces. El Ministerio del Interior esperaba el varapalo, pero no que fuera de tal envergadura y que no salvó casi nada de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
El pleno del Consejo aprobó por unanimidad y sin cambios el dictamen que tacha de «inconstitucional» la columna vertebral de la 'ley Fernández', la normativa alumbrada por el Gobierno en otoño de 2012 tras las primeras grandes manifestaciones de indignados y los primeros disturbios de gravedad, y que otorgaba a las fuerzas de seguridad nuevas prerrogativas en cacheos, controles y detenciones que los jueces creen que son ilegales.
Un rapapolvo en forma de dictamen que, según admiten los propios responsables del Ejecutivo, llega en el «peor momento posible» cuando el Ministerio del Interior está más cuestionado que nunca por los errores en el operativo del pasado sábado en Madrid durante las 'Marchas de la Dignidad' que, a pesar de movilizar más de 1.700 funcionarios, acabó con 67 policías heridos y con situaciones de riesgo extremo para algunos agentes. Los juristas de Interior dan por hecho que la 'ley Fernández' está muerta y que lo que salga ahora será muy diferente.
Y es que el texto aprobado por el gobierno de los jueces es tajante. Son inconstitucionales o tienen muy difícil encaje en la Carta Magna hasta quince preceptos del anteproyecto. Entre otros, «retener» a las personas sospechosas de haber cometido una infracción que se nieguen a facilitar su documentación o no la lleven encima; que los policías hagan controles en lugares públicos «para la identificación de las personas» con «el fin de descubrir y detener a quienes hayan participado en la comisión de una infracción»; dar potestad a los funcionarios para hacer cacheos sin fijar límite al registro externo y superficial, incluida la práctica de desnudos, siquiera parciales; tipificar lo que ahora son faltas penales como infracciones administrativas lo que en realidad era hurtar a los jueces la potestad de sancionar dejando todo en manos de la administración; que las declaraciones de los agentes que formulen denuncias gocen de carácter probatorio; que los vigilantes de seguridad privada colaboren con las fuerzas de seguridad en la «disolución de reuniones y manifestaciones»; o sancionar a los «organizadores y promotores» de las protestas por los incidentes que haya durante esas concentraciones o manifestaciones.
El duro informe del Consejo, que aunque no es vinculante para el Gobierno es determinante para su aprobación, va a provocar que Interior reforme de arriba abajo su texto. Pero el revés no hizo variar de opinión a Cosidó, que tras advertir de la «escalada de violencia» para socavar al Estado, insistió en que las fuerzas de seguridad seguirán «actuando con firmeza». Es más, defendió la difunta Ley Seguridad Ciudadana porque, aunque «muy debatida», su objetivo es «tener más capacidad para luchar contra los violentos», desde el punto de vista legal.
Explicación en el Congreso
Las palabras del máximo responsable de la Policía encendieron a la oposición. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, retó a Cosidó a llevar al Parlamento en su futura comparecencia sobre los sucesos del 22M las pruebas en las que se apoya para afirmar que hay una campaña para «desestabilizar el sistema democrático» y recordó que es él quien tiene que velar para que se «respete» el Estado de Derecho. El líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, también le replicó que «lo que hay es una escalada de violencia social que ejerce el Gobierno sistemática y permanentemente contra muchos ciudadanos».
Cosidó alertó de esa «escalada de violencia» a cuenta de los incidentes del sábado en Madrid. El director no quiso hablar de errores en ese dispositivo a la espera de que el próximo jueves se conozca el resultado de la investigación encargada por el cuerpo, pero lo hizo el ministro del Interior. Jorge Fernández Díaz admitió por primera vez «fallos de coordinación» en el operativo de las 'Marchas de la Dignidad', pero eludió hablar de las destituciones que reclaman los cuatro sindicatos mayoritarios de la Policía, sobre todo por la situación de extremo peligro en la que quedaron 15 agentes de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP, antidisturbios).
