Sacyr se hunde en Bolsa tras la amenaza de parar las obras del canal de Panamá

Las acciones de Sacyr sufrieron ayer al cierre del mercado un hundimiento del 8,95% después de que el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lidera la constructora española junto a la italiana Impregilo, amenazara con paralizar las obras de ampliación del Canal de Panamá. Los trabajos quedarán en suspenso el 20 de enero si las autoridades panameñas no responden a las demandas de más fondos planteadas por las compañías, que aducen unos sobrecostos de casi 1.200 millones de euros en las obras fruto de circunstancias «sobrevenidas e imprevisibles». Una petición que el Gobierno panameño tacha de «cuentito» y que ya rechazó el pasado miércoles.

El pulso entre las autoridades del país centroamericano y GUPC por la ampliación del Canal va camino de degenerar en un incidente diplomático. El consorcio de constructoras que lideran Sacyr e Impregilo, y del que también forman parte la belga Jan de Null y la panameña Constructora Urbana, se adjudicó en 2009 por algo menos de 2.300 millones las obras para construir un tercer juego de esclusas, que deberían estar acabadas en octubre de 2014 en coincidencia con el centenario del Canal de Panamá.

El objetivo de los trabajos -ya ejecutados al 70%- es aumentar la capacidad de la vía que conecta los océanos Atlántico y Pacífico para adaptarla al tráfico de buques de hasta 12.000 contenedores, el triple de la carga actual. Una obra crucial para el futuro del país centroamericano, cuyas autoridades no entienden cómo puede ser que la cuantía de los sobrecostos 'imprevistos' supere la mitad del presupuesto total pactado.

«Cuentito»

Tanto es así que el presidente panameño, Ricardo Martinelli, anunció un próximo viaje a España e Italia para exigir a sus gobiernos que presionen a las empresas adjudicatarias para que cumplan el contrato. «No puede ser que una empresa meta una cantidad enorme de sobrecostes en una obra de ampliación». «Cuando ellos licitaron pusieron un precio, y ahora van a venir con el cuentito de que están subiendo los precios», se quejó. Martinelli confió en «que la obra continúe, porque se están haciendo muchas inversiones a nivel mundial en barcos y puertos».

GUPC se hizo en 2009 con la obra por menos de 2.300 millones de euros, una oferta inferior incluso al precio inicial que planteó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y que llevó a algunos expertos a cuestionar su viabilidad. El consorcio se impuso a otro grupo liderado por una empresa estadounidense, que ofrecía realizar los trabajos por un precio que superaba en unos 700 millones al planteado por GUPC.

Sacyr, cuyos títulos llegaron a depreciarse hasta un 18% al inicio de la sesión bursátil, se defiende invocando muchos y variados costes sobrevenidos: técnicos (el precio del hormigón), fiscal (impuestos y tasas), laboral e incluso geológicos y climáticos La compañía ofreció negociar una solución con la ACP, que rechaza sus demandas y exige la terminación de la obra con arreglo a los precios acordados. El Ministerio de Fomento, por su parte, asegura que mantiene la comunicación abierta con ambas partes para tratar de encontrar una salida.

Alberto Alemán, quien fuera administrador del Canal de Panamá en la época en que se decidió su ampliación, aseguró el país centroamericano «se va a plantar frente a esto» y «defenderá» sus intereses frente a la postura de GUPC. Su actual administrador, Jorge Quijano, declaró el pasado miércoles que la Autoridad del Canal de Panamá «no cederá» a unas presiones que considera realizadas «con el único propósito de forzarnos a negociar fuera de los términos establecidos en el contrato».

El incidente llegó también ayer al Parlamento. Los principales partidos, PP y PSOE, optaron por ponerse de perfil. El portavoz del grupo popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, señaló que su partido «no debe entrar» a valorar el conflicto y se limitó a confiar en que se encuentre una solución. Del mismo modo, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, pidió que ambas partes encuentren «cuantos antes» un acuerdo «satisfactorio». Más claro fue el diputado de IU Gaspar Llamazares, quien atacó a Sacyr por amenazar con paralizar las obras. «No nos da muy buena prensa a nivel internacional». «Cuando alguien acude a un concurso debe cumplir el contrato», recalcó.