La contradicción del Tribunal de Cuentas

Según establece la Constitución en su artículo 136, «el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público». Y junto al control de las administraciones el otro gran objeto de su fiscalización son los partidos, una tarea que a la luz de los hechos tiene muchos agujeros.

La Carta Magna deja la regulación de la composición, organización y funciones de la institución en manos de una ley orgánica, que establece que los miembros del tribunal serán designados por las Cortes, seis por el Congreso y otros tantos por el Senado. Con las atribuciones que le otorga la legislación debería ser una de las principales puntas de lanza del Estado contra la corrupción. Pero eso, debería ser.

El órgano fiscalizador tiene un pecado original, y no menor, porque son los partidos los que eligen de entre sus adeptos a los vocales que deben de vigilar sus cuentas y finanzas. En la actualidad, ocho de sus miembros han sido nombrados a instancias del PP, tres por el PSOE, y uno por consenso entre socialistas e IU. Un dato que pone en entredicho la independencia de la institución y sus componentes por más que estos últimos se empeñen en subrayar su autonomía del partido que les avaló.

Las dudas sobre la dependencia también alcanzan a los cuadros inferiores. El Tribunal Supremo dio en febrero un tirón de orejas al órgano fiscalizador al reclamarle la presencia en su plantilla de más funcionarios de carrera y menos cargos de libre designación, más proclives a atender los intereses de partido.

El presidente del tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, aupado por el PP y que siempre ha negado cualquier tipo de interferencia, redujo esta llamada al orden a un asunto de tipo laboral, pero en cualquier caso y en pos de la trasparencia anunció una serie de reformas para «acomodar su estructura de personal a lo establecido por el Supremo».

Desde el Tribunal de Cuentas se niega cualquier tipo de presiones políticas sobre su labor. «Aquí se trabaja con absoluta independencia», aseguran fuentes internas. Estas recuerdan además que los vocales ni siquiera se proponen a sí mismos sino que son elegidos por las Cortes, «que representan la máxima expresión de la voz del pueblo». Lo que no dicen los miembros del Tribunal de Cuentas es que su elección suele formar parte de un paquete de negociaciones entre PP y PSOE que abarca además de su institución al Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de RTVE y otras entidades.

Otro de los principales caballos de batalla sobre la capacidad de fiscalizar radica en la potestad para imponer sanciones, circunscrita a imponer pequeñas multas y que supone una herramienta insuficiente, se queja el tribunal. A ello se suman las dificultades con las que se topa el organismo a la hora de recabar información.

Los exentos

Según la ley del tribunal, los fiscalizados deben aportar cuantos datos le sean requeridos. Sin embargo, esto no siempre es así, no solo en el ámbito de las fuerzas políticas sino también en el de las administraciones públicas.

Resultan especialmente significativos los casos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, que no están obligadas a responder a esos requerimientos, para malestar confeso del tribunal. Corregir esta exención es solo una de las medidas que el presidente, Ramón Álvarez de Miranda, ha solicitado en sus apenas ocho meses de presidencia para poder ser tomados más en serio. También están liberados de la fiscalización del tribunal la Casa del Rey y las Cortes, pero sobre estas instituciones no hay intenciones de cambiar el estatus.

«Cualquier cambio en el régimen sancionador y control debe partir desde las Cortes. No es potestad nuestra», recuerdan en el tribunal. Está por ver si PP y PSOE deciden reformar un órgano que fiscaliza sus ingresos y gastos y cuyos cargos se reparten legislatura tras legislatura.