CONTROLAR AL QUE CONTROLA

La nueva Ley de Transparencia que prepara el Gobierno andaluz va a contar, además de artículos y disposiciones, con una garantía añadida, un supervisor independiente encargado de velar por su cumplimiento. Así lo anunció el presidente Griñán el jueves en la sesión de control con la que el Parlamento reanudaba sus sesiones tras sus larguísimas y envidiables vacaciones.

Este comité de control resulta una sorpresa y merece una reflexión. En vista de que hasta ahora los partidos no han sido capaces de superar sus intereses para que las leyes se cumplan, ni siquiera han conseguido convocar la comisión de financiación de los propios partidos que existe en el Parlamento andaluz desde hace años, surgen dudas racionales de que esta nueva Ley de Transparencia no quede en un fuego de artificio. Los ciudadanos, asqueados de los escándalos incesantes, reclaman ya eficacia incontestable, contrastable, y no se fían de nada, y menos que nada de los partidos y sus estructuras. Poner a la zorra a cuidar a las gallinas es lo que tiene y ahí está la Cámara de Cuentas, por ejemplo, para demostrarlo.

Así que parece lógico establecer un control de los controladores. Pero ¿quién nombrará a los miembros? ¿Hasta dónde será posible su independencia? La política partidaria lo impregna todo hasta tal punto que organismos tan a priori específicos como el Consejo Andaluz del Audiovisual no son más que cámaras paralelas de refriega sometidas a la estrategia de cada sigla, donde es imposible llegar a acuerdos sobre temas tan evidentes como la protección de los menores, el tratamiento de la mujer en las televisiones o hasta las estafas.

Con ser lúcida, la creación de este organismo encierra también el reconocimiento del fracaso de la democracia de partidos en que ha derivado la democracia española. Y ahí andamos, entre la incredulidad y la esperanza. Porque algo hay que hacer. Igual hasta resulta.