Un monstruo llamado España

Un monstruo es un concepto amplio, ligado a la mitología o a la ficción, que se aplica a cualquier ser vivo que se aparte de la caracterización general atribuible al orden regular impuesto por la naturaleza. De igual forma una acepción de carácter restringido, lo equipara a aquellas personas cuyas acciones son opuestas a las que son comúnmente aceptadas por la mayoría de la colectividad que representan la propia sociedad. España se ha convertido en un monstruo. Desde fuera así nos ven quienes nos prestan dinero. Piensan y dudan con cierta razón, de las posibilidades reales de impago por el Estado español. En Grecia la quita sobre la deuda ha sido del 70%. Los inversores internacionales, también llamados mercados o en su acepción puramente peyorativa, habitualmente utilizados por la rancia progresía, como usureros o especuladores, se fían poco o nada de nuestra capacidad de crecimiento, que es lo único que garantiza el cobro de lo prestado por ellos. Ante la posibilidad de impago, el que piensa que se queda sin cobrar nos califica de monstruo. Hemos pasado del mito ficción de la Champions League de la economía al mito real del monstruo que puede presentar una situación de 'default' o suspensión de pagos. Porque no nos engañemos, cualquiera estaría atemorizado si su banco, en el que tiene uno sus ahorros, presentase concurso de acreedores. Lo calificaríamos mucho peor que de vulgar monstruo. La palabra apropiada para su correcta calificación sería aquí indescriptible, por eso la omito.

Pero, el banco y el Estado, son personas jurídicas, representadas por personas físicas que son las que toman decisiones y aciertan o se equivocan, llevando a situaciones insostenibles a aquellas. En realidad son estas personas cuyas acciones son evidentemente erráticas, equivocadas sin paliativos y radicalmente opuestas al régimen jurídico existente en el momento de la toma de decisiones y que se separan de la ortodoxia más elemental en materia económica, las que deben ser catalogadas de verdaderos monstruos. Cuando Sarkozy ataca la economía española, advirtiendo que es el modelo a evitar, subrayando que siete años de socialismo 'zapateril' ha puesto de rodillas al país, lo que ha dicho es la pura verdad, aunque el marido de Dª Carla, con sus alzas incluidas, debiera ser algo más diplomático. Pero que venga el PSOE y los reductos de ZP por él creados y aún existente, Valenciano para no ir más lejos, hablando de ataque intolerable, me hace sonreír, ante lo desafortunado de Zapatero haciendo vaticinios electorales en Alemania en contra de Merkel en las elecciones que la encumbraron.

El monstruo español, por sus desaciertos, por su mala praxis política y por su innecesario populismo en lo económico, ha creado otro ahora con mayúsculas, de tamaño desmesurado en el ámbito económico y estratosférico en lo político, que hace peligrar, no solo la idea del Estado, sino también la de nación. Es nuestra herencia después de siete años. Es el abismo en lo económico. Son las tinieblas en lo político. En suma es nuestro legado por pertenecer a un gran país, España. Sí, España es un gran país, que ha sido gestionado de manera absolutamente lamentable en los últimos siete años. Se han batido récords de incompetencias profesional en este oscuro periodo de nuestra historia. Padecemos las consecuencias de una ineficaz política económica y nefasta política en torno a los principios en los que se debe configurar el Estado. Sí, los inversores internacionales, aquellos que nos prestan lo que gastamos de más, 90.000 millones el año 2011 por poner sólo un ejemplo, tienen miedo del monstruo que es España ante la posibilidad de 'default'.

Pero ese monstruo de dos cabezas tiene la segunda dentro del Estado, en las comunidades autónomas. La prima de riesgo ha superado los 400 puntos y la bolsa ha cerrado su peor semana del año debido al consenso unánime de los analistas de que las autonomías complican sobremanera el objetivo de déficit del 5,3%. Pocos creen que éstas vayan a recortar 27.000 millones, cantidad similar a la que el Estado ha comprometido en los PGE. Se ha perdido una oportunidad de exigir la reconducción del déficit autonómico con la concesión de la línea de crédito a través del ICO de 30.000 millones a proveedores de las administraciones locales, exigiendo ajustar sus presupuestos a la cifra de déficit del 1,3%, tal y como está estipulado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. A pesar de ello, al Gobierno le queda otra posibilidad para que las comunidades autónomas entre por el aro. Aquellas que no cumplan con el necesario y solidario para el resto del Estado plan de ajuste financiero y de consolidación fiscal, deberán ser impedidas del recurso a los llamados hispano bonos o emisiones financieras de bonos con el aval del Estado español, como mecanismo de financiación de la deuda pública de las respectivas comunidades. Si las autonomías no cumplen, el Estado deberá impedir enérgicamente el recurso a estas emisiones. Ante la imposibilidad de financiarse de forma autónoma, dada la consideración de bonos basuras o casi basura de muchas de ellas, deberán entrar por la senda de la sensatez y adecuar los presupuestos de forma solidaria con el resto del Estado. No hay mal que por bien no venga.

Las reformas institucionales que España requiere con urgencia en el largo plazo, exigen cambios legislativos para superar problemas en el corto plazo, sin cuyo concurso pondría en peligro el diseño reformador emprendido por el Gobierno. El rediseño en profundidad del modelo autonómico en el medio y largo plazo, exige en el presente de forma imperativa modificar la propia vertebración presupuestaria de las comunidades autónomas, donde la sanidad y la educación asumen las tres cuartas partes del presupuesto. La Ley debe posibilitar la reducción de determinadas partidas presupuestarias, que a la fecha no es posible por impedirlo la normativa del Estado. Es decir, el Estado debe ser consciente de ello y posibilitar la toma racional de decisiones, que permitan priorizar la prestación de ciertos servicios en detrimento de otros. Ello es debido a la defectuosa atribución de competencias por las comunidades y los mecanismos de financiación y gastos. Los artículos 148 y 149 de la Constitución deberán ser reformados para delimitar con nitidez las competencias estatales y las autonómicas, en aras al interés general, el de todos los españoles. Solo así, España volverá ser lo que siempre fue, un gran país.