EL PUZZLE DEL BIENESTAR

Nuestros derechos fundamentales vienen recogidos en la Constitución de 1978. Aquellos que conforma el estado de bienestar (sistema nacional de seguridad social, garantías de cobertura por desempleo, jubilación e incapacidad, educación universal y gratuita y garantías de un nivel de renta mínimo) se han desarrollado por diferentes leyes, cuyas aplicaciones quedan a veces supeditadas al desarrollo normativo de las capacidades legislativas de los parlamentos de las diferentes comunidades autónomas.

Lejos queda ya el utópico 'derecho a la felicidad de la nación' recogido en el artículo trece de la Constitución bicentenaria de 1812. Aspectos tan incuestionables como las bondades de las vacunaciones en la infancia quedan a merced de criterios de dudosa evidencia científica. Dependiendo de la Comunidad Autónoma donde residamos así se aplicará un calendario u otro. Estas disparidades de derechos, coberturas y protecciones se dan en asuntos que nos atañen de forma cotidiana.

El derecho a una educación infantil gratuita, la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria, la disponibilidad y el acceso a becas y ayudas de estudio, la posibilidad de disponer de las nuevas tecnologías en la enseñanza pública, la cartera de servicios del sistema público de salud, el acceso a determinados productos farmacéuticos, el derecho a un testamento vital y a una muerte digna, la aplicación de la Ley de Dependencia, las garantías y las cuantías de las pensiones no contributivas, los sistemas de ayudas económicas a la familias sin recursos, las coberturas de ayudas sociales para casos de necesidades extremas, las ayudas públicas al desempleo, la participación y colaboración con las ONG, la disponibilidad de recursos públicos de ayuda a las personas mayores, y así, un largo etcétera. Todo ello hace que nuestro quebradizo estado del bienestar esté compuesto por un puzzle de diecisiete piezas de difícil encaje. Si queremos saber a qué tenemos derecho debemos localizarnos en el mapa. Para cuándo un pacto por el estado de bienestar, universal e igualitario para toda la ciudadanía española.