Políticas sociales en Puerto Real

Si los políticos de turno fuesen personas con una clara vocación altruista de Servicios Públicos, sería oportuno concederles un margen de tolerancia en el cumplimiento de sus funciones, sin embargo como se trata de personas asalariadas tienen una doble misión que cumplir que vienen determinadas por el aspecto moral y la cuestión de rendimiento profesional que el propio cargo conlleva, de tal manera que el ejercicio de esta misión lleva implícita la obligación de rendir cuentas ante los ciudadanos contribuyentes, que son los que en realidad no tienen más alternativas que la de contribuir con el abono de sus impuestos locales, regionales y estatales, al pago de los salarios de nuestros concejales. Lamentablemente la premisa anterior no se tiene en cuenta y lo que ocurre es que cuando un edil ocupa un cargo de cierta relevancia, se reviste de tal autoridad que incluso se permite el lujo de ignorar, menospreciar y hasta denunciar, a los ciudadanos que reivindican los derechos que por Ley tienen reconocidos. Sería exigible por lo tanto, que las personas que acceden a la gestión de una parcela tan importante en la función municipal como es la de las políticas sociales, realizasen un curso acelerado de formación profesional.

Como dato significativo para evaluar la importancia que se le concede en Puerto Real a las Políticas Sociales, podemos afirmar que durante los 4 años de la legislatura que termina, hemos conocido hasta 3 concejales responsables de dichas políticas, lo cual nos aporta una idea de la eventualidad y precariedad a que han sido sometidas los servicios sociales. Todo queda supeditado a la voluntad del político de turno. Todo este panorama desolador viene a ocurrir cuando las normas previstas en materia de políticas sociales vienen perfectamente diseñadas en las leyes tanto Estatales como Autonómicas y cuando se supone que el desconocimiento de la Ley no evita el cumplimiento de la mismas.