El fraude de las ayudas de la UE para empresas supera ya los dos millones en la provincia

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, sostenía ayer en rueda de prensa en Sevilla que no existe «ninguna clase de fraude generalizado en las bonificaciones a empresas». Se refería al caso que afecta a la concesión de ayudas al empleo de la Unión Europea que eran gestionadas por la Junta cuya investigación comenzó en Cádiz. Pues bien, según fuentes de la investigación, que llevan a cabo la Guardia Civil y la Fiscalía del TSJA, han podido comprobar la implicación en estos hechos de casi 800 empresas, si bien hay abiertos 6.000 expedientes en siete de las ocho provincias.

En general, este fraude podría superar los 25 millones dado el volumen de solicitantes que ha recurrido a estas subvenciones sin cumplir el compromiso de contratación por el que recibían el dinero. En Cádiz podría ascender a unos dos millones, según informaron ayer fuentes próximas a la investigación, que comenzó en septiembre de 2009.

Una de las primeras empresas en saltar ha sido Qualytel, que hace apenas seis meses saltaba a los medios por recolocar a muchos de los exempleados de Boncopy tras el ERE masivo de Jerez. La Fiscalía lo investiga por defraudar 318.000 euros de ayudas europeas, según relevaron fuentes judiciales.

El engaño consistía en lo siguiente: la sociedad en cuestión recurría a la Junta para pedir una ayuda por contratar a trabajadores indefinidos a tiempo completo o parcial o por hacer fijos a los que ya tenían con contrato temporal. De una forma u otra, «para acceder a estos pagos tenían que mantener la relación laboral durante cuatro años», precisaron las fuentes consultadas. Pero muchas de ellas ponían a sus empleados en la calle nada más cobrar el dinero.

Al parecer, la subvención era pagada en tres cuartas partes por el Fondo Social Europeo y la cuarta restante, por la Junta. En el estudio de estas ayudas se ve que todas eran gestionadas directamente por Empleo.

La punta del iceberg

De lo que sí existe constancia documental en todo este entramado es de que las irregularidades cometidas por esas casi 800 empresas sospechosas asciende a tres millones de euros, pero todas las fuentes consultadas insisten en que estamos solo en la primera fase de la investigación.

De hecho, y a pesar de lo que declaró el viernes el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, confirmando las pesquisas y anunciando que «muy pronto» se judicializarían, hasta ayer la Fiscalía no había dado aún ese paso, aunque ya cuenta con un detallado informe elaborado por los investigadores. Por el momento, se ha podido constatar que un 30% de las ayudas concedidas son irregulares, si bien hay otras fuentes que elevan ese porcentaje hasta el 40% e incluso a una cifra mayor en algunas provincias concretas.

La diferencia entre unos casos y otros reside, según los primeros datos que se manejan, en si existía intermediario o bien el implicado trataba directamente con el organismo de la Junta competente. Hay que precisar que en algunos casos el monto de lo defraudado no alcanzaría a la cantidad necesaria para que el hecho sea considerado un delito, por lo que se trataría de una infracción administrativa, si bien se estudia si los que actuaban con ese 'modus operandi' lo hicieron en más de una ocasión y, por tanto, se les puede acusar de fraude continuado.

Precisamente, una de las líneas de trabajo que quedan pendientes es determinar las relaciones de los dueños y socios de las sociedades implicadas con determinados organismos de la Junta, terreno en el que se podrían producir «algunas sorpresas».

Negligencia

«Quienes se han beneficiado de estos fraudes -sostienen las fuentes consultadas- sabían perfectamente cómo actuar, conocían muy bien los trámites que debían seguir, algo que no es muy común entre los empresarios». Esta circunstancia sugiere que había alguien que les daba información detallada de cuáles debían ser sus pasos. El no haber podido tomar declaración por ahora a los implicados, que podrían identificar a los intermediarios, hace que esas gestiones estén por ahora en punto muerto.

A pesar de todo estos datos sospechosos, ayer, tras la reunión del Consejo de Gobierno andaluz, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, desmintió la existencia de «ninguna clase de fraude generalizado en las bonificaciones a empresas» y rechazó las acusaciones de «falta de control» por parte de la Junta.