Los ecologistas mantienen el veto al decreto de los parques naturales que hoy aprueba la Junta

El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar hoy el decreto de usos y actividades de los parques naturales de Andalucía con la idea de impulsar la actividad económica en sus municipios y agilizar los trámites administrativos. El decreto, que a lo largo de su larga tramitación de más de dos años ha conocido cuatro borradores, nace con la amenaza de los grupos ecologistas de llevarlo a los tribunales.

Los ecologistas creen que el decreto deja demasiadas puertas abiertas a posibles desmanes urbanísticos por parte de los ayuntamientos, pese a los reiterados cambios que el actual consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha sometido al texto. Este ha reiterado en los últimos días que el decreto facilita y mejora la gestión de los 24 parques naturales existentes en Andalucía «sin bajar un ápice la protección medioambiental».

Fuentes de la Consejería informaron ayer de que el texto se cambió tras la reunión del Consejo Andaluz de Medio Ambiente del pasado día 26 para atender las sugerencias de los ecologistas y dejar claro que los planes de protección de los parques prevalecerán sobre los planeamientos urbanísticos de los ayuntamientos.

Es decir, los alcaldes no podrán decidir las zonas del parque que podrán urbanizarse si esto contradice lo que se recoge en los planes de ordenación de los recursos naturales (PORN) y los planes rectores de cada parque (PRUG).Este ha sido uno de los principales elementos de discordia entre ecologistas y alcaldes durante la elaboración del decreto.

En el texto original se admitía la posibilidad de que un plan de ordenación urbana de un municipio pudiera modificar los planes protectores de los parques, lo que dio pie a aireadas protestas de los ecologistas, que advertían de que era ilegal. De hecho, los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía alertaron sobre esta posibilidad y el Defensor del Pueblo también avisó de que la norma estaba mal redactada. El 'fantasma' de El Algarrobico salió a relucir como ejemplo de que algo así podía volver a ocurrir. Greenpeace incluso denunció que con el decreto se podría legalizar el polémico hotel del Cabo de Gata, lo que ha sido desmentido por el consejero Díaz Trillo.

Los sucesivos cambios del texto han ido mermando las potestades de los alcaldes para decidir dónde construir en los parques, pero tampoco ha satisfecho del todo a los ecologistas. El dirigente de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, manifestó ayer a este periódico que su organización sigue dispuesta a llevar el decreto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía si el texto definitivo que se apruebe hoy sigue contemplando cuestiones contrarias a la normativa estatal sobre la protección del medio ambiente. Clavero valoró tras la reunión del pasado día 26 que Díaz Trillo se mostrara dispuesto a rehacer la redacción de la disposición décimo cuarta, en la que se concede potestad al titular de Medio Ambiente para modificar las zonas urbanizables de los parques tras la aprobación de los planes generales, algo que los ecologistas consideran una trampa y sigue dejando resquicios para que sean decisiones políticas y no medioambientales las que primen en el futuro de los parques.

Discrecionalidad

Clavero reiteró sus críticas a lo que considera «excesiva politización» del decreto, ya que, añadió, hay disposiciones que dejan en manos de los delegados provinciales de Medio Ambiente todas las autorizaciones, quitando las competencias a los directores de los parques. El dirigente de Ecologistas en Acción advierte de que «la discrecionalidad es total», ya que las autoridades políticas podrán autorizar de forma excepcional actividades prohibidas en la propia normativa, como rutas de todoterreno o instalaciones industriales o equipamientos turísticos complementarios, lo que deja abierta la posibilidad de que se aprueben campos de golf. «Se abre las puertas a todo», manifestó Clavero, quien reiteró su rechazo en general al decreto. «Somos completamente contrarios», manifestó a este periódico.

Desde el Gobierno andaluz se da una versión contraria. La Junta insiste en que el decreto ha intentado conjugar al máximo la protección de los espacios naturales con que estos también puedan ser productivos y fuentes de riqueza para los habitantes de sus comarcas. En los 24 parques andaluces hay 238 municipios y viven 2,7 millones de habitantes.

El objetivo del decreto es dotar a los espacios naturales de un régimen común para la realización de actividades en suelo no urbanizable - pesca marítima recreativa, ocio y deporte en caminos y pistas forestales (cicloturismo y senderismo), acampadas nocturnas o vivaqueos- y agilizar los trámites, de forma que se pasará de dos meses a quince días en muchos permisos.