Trabajar para el acuerdo

La primera reunión que celebre la comisión anunciada por el presidente Rodríguez Zapatero para un acuerdo nacional por la recuperación económica permitirá pronosticar su relevancia a la hora de diseñar un futuro común ante los desafíos a los que se enfrenta la economía española. La convocatoria prevista para el próximo jueves obligará al Gobierno a sacudirse la inacción de la que tanto se ha acusado a Rodríguez Zapatero. Y clarificará hasta qué punto el Gobierno busca en el encuentro un compromiso de fondo, y no sólo la mera aportación de ideas y alternativas que pudieran mejorar la actuación gubernamental. Es posible que Rodríguez Zapatero conciba el papel de la comisión que se constituirá el jueves como un complemento útil para la perpetuación de su unilateral ejercicio de la responsabilidad política frente a la crisis y ante los retos que entraña la reactivación. Especialmente teniendo en cuenta la sintonía ya alcanzada por el Gobierno con CiU y con el PNV, en la que pesa el deseo de las formaciones nacionalistas de cortocircuitar la influencia que sobre la Moncloa puedan tener los presidentes socialistas de Cataluña y Euskadi, Montilla y López. Pero la credibilidad de la comisión multipartita depende ya de que el presidente Rodríguez Zapatero se apreste a hacer un aparte con el líder del principal grupo de la oposición, Mariano Rajoy. El PP no puede sentarse ante la mesa que conformen Salgado, Blanco y Sebastián como si se tratase de un representante parlamentario más. Porque gobierna en un amplio número de autonomías y ciudades, y porque el grado de representatividad que atesora en la sociedad española obliga a que Rodríguez Zapatero abra un cauce privilegiado de aproximación con el PP. No le faltaba razón al presidente, ayer en Londres, cuando señalaba la paradoja en la que se encuentran gobiernos que han tenido que compensar la parálisis de los mercados con un incremento del gasto público cuando, algunos meses después, ese déficit es severamente criticado en los citados mercados. Pero sería una insensatez que el Ejecutivo español acabase enrocándose en tal diatriba cuando lo urgente es recuperar la confianza interior; la confianza de una ciudadanía que demanda el máximo acuerdo político en materia económica.