Anticorrupción se opone a la suspensión de cárcel para el exalcalde de Rota

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el que se opone a que la Audiencia Provincial suspenda la pena de un año y medio de prisión impuesta al exalcalde de Rota, Lorenzo Sánchez , en el 'caso uniformes' .

El Ministerio Público rechaza dicha suspensión por varios motivos , según explica en el escrito. En primer lugar, el fiscal hace referencia a los « suculentos beneficios económicos que ha sacado Lorenzo Sánchez prevaliéndose de su cargo como alcalde», que cifra en 816.207 euros «adjudicándose ilícitamente múltiples contratos públicos».

En segundo lugar, entiende que no se le puede otorgar porque, según confirmó la condena, hizo « uso de testaferros », que «colocó al mando de sus sociedades para desvincularse y que no se le relacionara con los hechos delictivos». Así, recuerda Anticorrupción, ocurrió en este caso con las empresas Coanda Costuras y Pacheco Puyana.

Otra de las razones por la que la Fiscalía cree que no se puede 'perdonar' a Lorenzo Sánchez la condena de prisión es por su « persistencia en la conducta delictiva , ya que no estamos ante hechos aislados sino que los ha venido cometiendo ni más ni menos que durante nueve años, desde el 2003 hasta 2012». E incide: «Incluso durante la propia instrucción de la causa continuó con adjudicaciones ilegales una vez ya había declarado como investigado».

En el mismo sentido indica que para conseguir su objetivo Sánchez utilizó «todos los medios que se encontraban a su alcance, ya que no sólo se benefició del Ayuntamiento sino también de las numerosas sociedades mercantiles de capital público del Consistorio como Arensa, Sodesa y Ceem. Además de fundaciones municipales como la de Juventud, Cultura y Deporte y la de Turismo y Comercio.

Anticorrupción también solicita que se tenga en cuenta para rechazar la suspensión «la multitud de contratos celebrados y fórmulas contractuales utilizadas, más de 900 contratos menores de contratos mayores, incumpliendo así la Ley de Contrataciones de las Administraciones Públicas del año 2000, la Ley de Contratos del Sector Público de 2007, la Ley de Contratos del Sector Público de 2011, la ley de Régimen Electoral General de 1985, la normativa interna de contratación y estatutos de las Sociedades Públicas utilizadas, que pone de relieve la perseverancia en su idea criminal».

Y, por último la Fiscalía recuerda que el exalcalde roteño tiene varios procedimientos pendientes como el llamado 'caso de los convenios urbanísticos' por el que le pide una pena de prisión de cuatro años por cohecho pasivo. Además de otro asunto que tiene pendiente relativo a la supuesta adjudicación irregular de un parking público, hechos por los que también ha declarado como investigado.