Juicio

Pilar Tubío declara por presunto delito de prevaricación administrativa

El juicio oral contra la directora de Asuntos Sociales de Cádiz por el denominado ‘caso Matadero’, para la que Fiscalía pide nueve años de inhabilitación, se celebra este miércoles en la Audiencia Provincial

Pilar Tubío, en la entrada de los juzgados de San José. La Voz

A. del Campo

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz acoge este miércoles, a partir de las 10 horas, el juicio oral contra la directora de la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Pilar Tubío (hermana de la concejal Eva Tubío) por un presunto delito de prevaricación administrativa en el denominado ‘caso Matadero’ y para la que la Fiscalía pide una pena de nueve años de inhabilitación .

Por otro lado, la acusación particular -ejercida por las que fueran ediles de Asuntos Sociales, Carmen Sánchez, y delegada del Área de Familia, Mercedes Colombo, entre los años 2011 y 2015-, solicita a su vez cuatro años de prisión por el presunto delito de falsedad en documento público .

Recordar que ambas concejalas, a las que se les acusaba de haber cometido presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas , terminó con ambas absueltas.

Fue entonces cuando ellas interpusieron querellas por denuncia falsa, falso testimonio, injurias y calumnias contra los concejales de Ganar Cádiz Martín Vila y Eva Tubío y contra varias trabajadoras sociales, entre las que estaba Pilar Tubío.

Las querellas fueron sobreseidas pero Sánchez y Colombo presentaron un recurso de apelación estimado parcialmente por la Audiencia Provincial, que reabrió la causa penal para continuar con la investigación aunque solo a Pilar Tubío.

Al parecer, y según estimó la Audiencia, la responsable de Servicios Sociales podría haber modificado alguno de los informes realizados para la adjudicación de viviendas para familias en exclusión social omitiendo la renta de alguno de los adjudicatarios.

Este miércoles tendrá que declarar para aclarar su participación o no en un presunto delito de prevaricación administrativa.

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