La Junta otorgó ayudas a Ojeda pese a detectar anomalías en sus empresas

Los técnicos de la Consejería de Empleo de la Junta detectaron irregularidades en de las principales empresas del entramado del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, detenido el pasado 4 de agosto por el presunto fraude en los cursos de formación de esta comunidad autónoma. Este hecho, que motivó una sanción de 43.000 euros, no fue óbice para que el Gobierno andaluz dispensara un trato de favor a dicha empresa, incluyendo la concesión de nuevas subvenciones y eximiéndole de la obligación legal de justificarlas.

Según consta en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de julio de 2011, la empresa Prescal Prevención SL, una de las más importantes del entramado societario del exconsejero Ojeda, fue multada por la propia Consejería de Empleo. Concretamente, la Dirección de Seguridad y Salud Laboral sancionó a Prescal con una multa de 43.032 euros, una sanción calificada como «muy grave» en materia de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, esa sanción impuesta a la empresa no fue óbice para que la citada entidad del entramado del exconsejero andaluz se beneficiara de la adjudicación de cursos de formación.

De hecho las empresas de Ojeda, entre ellas Prescal, recibieron al menos 48,5 millones de euros en adjudicaciones de la Junta de Andalucía para realizar los citados cursos, según el informe realizado por la Policía para desarrollar la 'operación Óscar' en la provincia gaditana. Estas concesiones se realizaban desde la misma Consejería de Empleo, que mantenía las competencias en materia de cursos de formación hasta que fueron traspasadas a la Consejería de Educación en el año 2013.

La Junta de Andalucía no solo siguió dando dinero a esta empresa que incumplió la normativa de riesgos laborales, sino que la incluyó entre las agraciadas para ser liberada de la justificación de cuentas a la hora de recibir adjudicación de cursos. Prescal es una de las entidades que fueron exoneradas por el Ejecutivo andaluz de justificar las citadas adjudicaciones.

De hecho, la Junta de Andalucía eximió de pasar por este requisito legal a la citada entidad en cinco expedientes que sumaban un total de 463.500 euros. Un dinero que la empresa de Ojeda recibió para realizar cursos de formación, pero que la administración andaluza no tiene constancia de que se hayan realizado ni, en caso de que así fuese, del coste o contenido de los mismos.