"Defensa realiza un chantaje administrativo, un fraude de ley y una desviación de poder"

El Ayuntamiento ha presentado un recurso de alzada ante la ministra de Defensa, Carme Chacón, contra el escrito recibido en la Alcaldía el 28 de abril de la directora general de Infraestructura de Defensa en el que indicaba de manera expresa que para crear una comisión de trabajo con el Ayuntamiento para coordinar los criterios de ordenación de los terrenos de Fábrica de San Carlos, el Consistorio tiene antes que levantar la reserva de suelo sobre los terrenos de los antiguos polvorines de Fadricas.

El Ayuntamiento entiende dicho acto como "chantaje administrativo, fraude de ley y una patente desviación de poder". El recurso de alzada se justifica en 5 consideraciones jurídicas basadas en la improcedencia del escrito recibido, el incumplimiento del principio que rigen las relaciones entre las Administraciones Públicas, desviación de Poder, abuso de Derecho, y la inconstitucionalidad de la Actuación Administrativa.

Finalmente, señaló que el recurso de alzada se justifica en improcedencia del escrito recibido, incumplimiento del principio que rigen las relaciones entre las administraciones públicas, desviación de poder, abuso de derecho e inconstitucionalidad de la actuación administrativa.

Antecedentes

El alcalde de San Fernando recordó que la extinta Fábrica de San Carlos, fue uno de los principales motores económicos de San Fernando, que cerró definitivamente sus puertas en 1996, tres años después de que el Gobierno central del PSOE la privatizara y "a pesar de las subvenciones millonarias concedidas por la Junta de Andalucía, generándose un problema social que afectó a cerca de 200 familias isleñas".

Posteriormente, los terrenos fueron adquiridos por el Ayuntamiento para que los ex trabajadores pudieran cobrar cuanto antes las indemnizaciones (2.200 millones de las antiguas pesetas). Para ello y a instancias del Ayuntamiento, se creó en el año 2000 la empresa de capital mixto denominada Sociedad de Gestión San Carlos (Sogescar), participada por la Empresa Municipal de Suelo Isleña (Esisa) y la entidad financiera Unicaja.

Realizado el acuerdo municipal, se llevó a cabo por Sogescar la adquisición de los terrenos, aportando la cantidad económica necesaria para el resarcimiento de las indemnizaciones laborales. Seguidamente se procedió a la firma del convenio con el Ayuntamiento, aprobado por acuerdo unánime del Pleno Municipal el 26 de Abril de 2001 donde estaban presentes los grupos políticos municipales PA, PSOE y PP.

En ejercicio y ejecución de dicho convenio el Ayuntamiento se comprometió a tramitar los instrumentos necesarios para dicha recalificación urbanística, procediendo entonces a tramitar la modificación puntual del PGOU, que recoge las bases del convenio suscrito con Sogescar, siendo aprobada provisionalmente por el Pleno en diciembre de 2002 y recibiéndose informe negativo de Defensa en marzo de 2003, "lo que se ha venido produciendo desde entonces con las diferentes modificaciones que se han ido introduciendo tanto en la modificación puntual como en el PERI".