Un aluvión de alegaciones dificulta la regularización de viviendas ilegales

La cifra será de récord. Nunca antes la aprobación de ningún expediente, trámite administrativo u ordenanza municipal había despertado tanto interés y polémica. Y es que la cuestión no es para menos, puesto que el documento en sí, las Ordenanzas de Regularización de las Áreas de Gestión Básica, nace para regir el proceso de urbanización y legalización de más de 15.000 casas en Chiclana.

El futuro de estas ordenanzas es por tanto el futuro de miles de familias de la localidad, y de buena parte de propietarios que tienen una segunda residencia en el término municipal.

Movimiento contestatario

El movimiento contestatario al texto legal ha sido importante. Las primeras estimaciones estiman en más de 3.000 las alegaciones presentadas, si bien la cifra exacta no se conocerá hasta la próxima semana. Mañana lunes finalizará el periodo de exposición pública, que el Ayuntamiento prolongó por petición popular a dos meses. Desde que tuviera lugar su aprobación provisional en julio, el texto ha sido objeto de numerosas críticas por parte de colectivos vecinales y partidos políticos de la oposición. Los primeros, sobre todo un grupo de una treintena de asociaciones de vecinos del extrarradio establecidos como plataforma, han sido los más beligerantes contra el documento.

Ellos consideran que «estas ordenanzas son demasiado costosas», y exigen su inmediata retirada para la redacción de otro texto legal «que nazca del consenso». A día de hoy, el proceso de legalización de viviendas irregulares en Chiclana sigue esperando el visto bueno a estas ordenanzas para su inicio. Según las previsiones de Urbanismo, en la primera quincena de noviembre el documento estará en vigor; antes hay que resolver o rechazar una a una todas las alegaciones presentadas.

Si los plazos marchan como está previsto los primeros expedientes podrían tramitarse a comienzos de 2010. Además, lo más probable es que Urbanismo introduzca cambios en el documento para alcanzar un «acuerdo de mínimos» con el que iniciar la incorporación a servicios básicos como el agua o la luz a 18 millones de metros cuadrados del diseminado.