Colombia abre sus bases militares a las tropas de EE UU

El Gobierno colombiano ratificó ayer su intención de estrechar la colaboración militar con Estados Unidos pese a la oposición frontal de sus vecinos sudamericanos. El Ejecutivo de Bogotá certificó la aprobación del acuerdo que permite al Pentágono utilizar siete bases en su territorio. En un intento por apaciguar la reacción de los presidentes de Venezuela y Ecuador, los más críticos con el pacto, Álvaro Uribe mostró su disposición al diálogo para reducir las tensiones. Con este objetivo, la Iglesia colombiana mediará para acercar posturas en la región.

Antes de que el acuerdo sea firmado definitivamente, los gobiernos de EE UU y Colombia efectuarán un proceso de revisión técnica. Según el acuerdo, Bogotá facilitará a Washington el acceso a siete instalaciones militares. A cambio, el Pentágono proporciona aviones y tecnología para apoyar a las fuerzas de seguridad colombianas en su lucha contra el narcotráfico y los grupos insurgentes, concretamente las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares.

Un comunicado del Ejecutivo colombiano informó de que el acuerdo en materia de cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad con Estados Unidos reafirma «el compromiso de las partes en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo». En Washington, mientras tanto, la Administración Obama manifestó en que el acuerdo es un asunto «estrictamente bilateral». No son de la misma opinión los vecinos de Colombia. Tanto los gobiernos de Venezuela como Ecuador ven la presencia de tropas estadounidenses como una mera amenaza junto a sus fronteras.

La semana pasada Uribe realizó una gira relámpago por siete países sudamericanos para explicar a sus homólogos el contenido del acuerdo. Sin embargo, cuando el día 28 acuda a Bariloche (Argentina) a la cumbre de naciones sudamericanas de Unasur tendrá que escuchar el clamor de sus vecinos. Hasta el ponderado Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva ha pedido «garantías jurídicas» para que el pacto no comprometa la seguridad de los países de la región.