Protección global

La visita de la ministra de Defensa, Carme Chacón, al puerto de Mombasa (Kenia) para respaldar a las dotaciones de la Armada española y anunciar modificaciones en el operativo de protección de la flota atunera que inicia ahora la temporada de pesca refleja la creciente preocupación por parte del Gobierno ante la inseguridad que sigue amenazando el tránsito y la actividad en el Índico, justo cuando se cumple un año del angustioso secuestro por piratas somalíes del Playa de Bakio.

La confirmación de que el Ejecutivo enviará a la zona un avión de combate especializado en patrulla marítima P-3 Orión para reforzar la protección de los pesqueros y apoyar las operaciones de la fragata Numancia constituyen parte de la revisión táctica a que obligan los desplazamiento de los atuneros desplazados más al sur, en los caladeros de aguas de Kenia y de las islas Seychelles. Pero las dificultades operativas para cubrir áreas de pesca tan extensas, con rumbos impredecibles determinados por la dirección de los bancos, y los peligros que comporta la presión de los modernos corsarios evidencian la insuficiencia de los medios movilizados para afrontar el desafío creado y la gravedad de la tardanza en reaccionar por parte de la comunidad internacional.

El hecho de que la mayoría de los efectivos de la misión Atlanta patrocinada por la UE se ocupen en la protección y escolta de los buques asociados al Programa Mundial de Alimentos condiciona el esfuerzo militar español en aguas somalíes, desplazando a un plano secundario la escolta del cerca de medio centenar de pesqueros de todas las banderas que faenan en aquellas aguas. De ahí que pueda ser oportuno plantear, en cooperación con los socios europeos la Fuerza Permanente de la OTAN, un cambio en la definición estratégica de la misión, además de activar el protocolo de actuación en caso de secuestro que anunció ayer la titular de Defensa y que subraya el vacío preexistente. El despliegue militar que requiere garantizar la seguridad de la veintena de barcos españoles que faenan en un mar de alto riesgo no puede concebirse sólo como una decisión para amparar frente a la amenaza a una flota de limitadas dimensiones. Debe interpretarse como la suma a los esfuerzos que se han destinado y que habrá que seguir dedicando para velar por unas aguas de cuya libertad depende no sólo la supervivencia de los atuneros, sino la estabilidad del transporte marítimo mundial.