Un año y medio de suspensión para el juez de Las Palmas que ayudó a un narcotraficante

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín Martín, a suspensión para empleo o cargo público que implique el desempeño de funciones jurisdiccionales durante un año y seis meses por un presunto delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

La sentencia, dada a conocer hoy por el TSJC, cuenta con el voto particular del magistrado Javier Varona Gómez-Acedo, que discrepa al entender que la conducta de Martín -apartado en sus funciones tras ser acusado de haber otorgado favores judiciales al narcotraficante Rafael Bornia y hasta que se resuelva su situación penal y disciplinaria- "puede ser reprobable desde el punto de vista ético, social o disciplinario", pero no penal, por lo que entiende que la resolución debía finalizar con un fallo absolutorio.

En su sentencia, la Sala de lo Civil condena también a Martín a una pena de 8 meses de multa con una cuota diaria de 30 euros (7.200 euros aproximadamente), así como el abono de la mitad del total de las costas procesales causadas. Igualmente, condena al empresario Wilebaldo Luis Yanes, como autor por cooperación necesaria criminalmente responsable de un delito de actividades prohibidas a los funcionarios a la pena de multa de 5 meses con una cuota diaria de 30 euros (4.500 euros aproximadamente), y suspensión para empleo o cargo público durante 8 meses, así como el abono de la mitad del total de las costas procesales.

Una "intensa relación de amistad"

La resolución se pondrá en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (Servicio de Inspección y Comisión Disciplinaria) y, una vez firme, se hará saber a dicho organismo con remisión de la que pudiera dictarse, en su caso, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Así pues, la Sala considera probado que el acusado Luis Yanes mantenía, desde hace mucho tiempo, una "intensa relación de amistad" con el magistrado Martín Martín. Al mismo tiempo Luis Yanes, dedicado desde hace tiempo al ejercicio de actividades comerciales y empresariales, mantenía relaciones comerciales con Julio Bornia Bordón, a quien conoce desde el año 2001. Desde principios de 2005, Julio Bornia Bordón, al conocer la amistad que une al empresario con el entonces presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas le explicó la situación en la que se encontraba su hermano Rafael Bornia Bordón, en prisión provisional imputado por un presunto delito de tráfico de drogas.

El magistrado Javier Varona ha emitido un voto particular respecto a la sentencia dictada en el que, si bien se muestra de acuerdo con los hechos declarados probados, discrepa en la tipicidad de tales hechos por lo que considera que el fallo debe ser absolutorio respecto de ambos acusados. En su opinión, "no todo consejo emanado de una autoridad o funcionario público puede reputarse delictivo, sólo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública, puede ser objeto de persecución penal".

"El juez que tiene un interés en asunto en que deba intervenir profesionalmente y no se abstenga podrá estar incurriendo en una o más infracciones disciplinarias", pero no en el delito que se le imputa a Martín, añadió Varona, para quien el único consejo que Martín transmitió a Luis Yanes para que se lo hiciera llegar a Julio Bornia es sobre que no se enrollara en el recurso de apelación. A su entender, queda probado que Martín "hizo lo posible para que el procesado Rafael Bornia quedara en libertad bajo fianza, pero no queda probado que realizara actividad alguna de asesoramiento ni de ninguna otra especie al servicio o para el beneficio de Julio Bornia".