La Fiscalía confirma la petición de cinco años de cárcel para el general Navarro

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido su petición de entre cinco y cuatro años y medio de cárcel para los tres mandos militares que supuestamente identificaron erróneamente 30 de los 62 cadáveres de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en Turquía el 26 de mayo de 2003.

El teniente fiscal Fernando Burgos ha elevado a definitiva su petición ante el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. En su escrito, pide cinco años de cárcel para el general de Sanidad Vicente Navarro y cuatro años y medio para el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez por un delito continuado de falsedad documental. Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita también una multa y una pena de inhabilitación especial para cada uno de los tres acusados: de 30.000 euros y cinco años para Navarro y de 24.000 euros y cuatro años y medio para Ramírez y Sáez.

Burgos también reclama indemnizaciones por daños morales de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges, hijos y padres de los 30 militares cuyos cuerpos no se identificaron correctamente, una cantidad que de no poder asumirla los acusados deberá abonar el Estado en concepto de responsable civil subsidiario. Como únicas novedades de su escrito, la Fiscalía hace una descripción más detallada y mantiene calificación jurídica. Además incluye en el apartado de responsabilidad civil a la aseguradora Zurich España.

La petición de la Fiscalía se produce después de que los dos forenses turcos, Bülent Sam y Ömer Müslümanoglu, que participaron en la identificación de los 62 militares muertos, hayan asegurado ante el tribunal que los jefes militares españoles, con el general Vicente Navarro al mando, insistieron en repatriar a España los 30 cadáveres sin identificar, porque, según dijeron, tenían que llegar al funeral que se iba a celebrar en España.

"Tenían prisa" por repatriar los cuerpos

Bülent Sam ha sido el primer testigo en comparecer ante el juez Javier Gómez Bermúdez, de la Audiencia Nacional. Ha afirmado que el equipo de forenses turcos identificó 32 cadáveres pero los otros 30 restantes no, aunque sí ha reconocido que constataron que eran de españoles. El forense ha asegurado que subrayaron que para la correcta identificación se tendría que hacer un test de ADN, pero "los militares responsables españoles, con el general Vicente Navarro al mando, insistían en llevarlo sin identificar porque habían dicho que tenían que llegar al funeral que se iba a celebrar en España". Asimismo, ha explicado que les prometieron que terminarían los trabajos de identificación en España y firmaron el documento final.

Sobre los trabajos de identificación, Sam ha asegurado: "los forenses turcos hemos tomado las decisiones conjuntamente con los responsables militares españoles". Preguntado por el abogado de Navarro si notó una "actitud rara" de este general de Sanidad, Bulent Sam ha respondido que "estaba en condiciones, consciente, pero olía a alcohol. Y eso lo vio todo el equipo", ha espetado el forense.

Tras él, ha sido el turno de Ömer Müslümanoglu, quien ha ratificado ante el tribunal que el general Navarro les trasladó que "tenían prisa" por repatriar los cuerpos a España porque "el jueves siguiente a la catástrofe tenían la celebración del funeral". Ha asegurado que todo el procedimiento de identificación fue "pactado con el equipo español", que dirigía Navarro e integraban los otros dos acusados, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. De igual modo, ha ratificado que el intérprete del Consulado tradujo al equipo español el acta de entrega de los cadáveres, en la que se advertía de que 30 cuerpos estaban sin identificar.

El abogado Leopoldo Torres, que representa a una parte de las familias de las víctimas, ha vuelto a intentar preguntar si "alguna autoridad española" trató de que "los forenses turcos asumiesen la responsabilidad de las identificaciones", aunque el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, ha ordenado que la cuestión se centrara únicamente en "alguno de los acusados". El testigo aseguró en este punto que "un tal Ugarte", en referencia al ex 'número 3' de Federico Trillo en el Ministerio de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, se reunió en marzo de 2004 con "el máximo responsable" del Instituto Toxicológico de Estambul, que realizó un año después del accidente las pruebas que demostraron que 30 de los cadáveres habían sido mal identificados.