Urbanismo destina más personal a luchar contra la edificación ilegal pero niega que haya crecido

La Gerencia Municipal de Urbanismo, según confirmó ayer su máxima responsable, Cándida Verdier, tiene previsto ampliar en los próximos meses el personal destinado a la vigilancia y control de la edificación ilegal en la ciudad. En concreto, en estos momentos el departamento de Disciplina Urbanística está conformado por un total de diez personas, de los cuales sólo tres son inspectores propiamente dichos, cinco son auxiliares administrativos, uno es el técnico superior del servicio y otro un administrativo.

Este equipo, al que puntualmente se vienen incorporando más personal de otras áreas de la GMU, será «reforzado y reestructurado de forma permanente», según avanzó ayer la edil de Urbanismo, que sin embargo no quiso concretar el número ni el cargo de estas contrataciones ni la fecha en la que esta remodelación interna se efectuará.

Este anuncio coincide sin embargo con una situación en la que, según el Ayuntamiento de Chiclana, las construcción y parcelaciones ilegales «no han sufrido un incremento».

Esta afirmación categórica, realizada ayer por Cándida Verdier a preguntas de este medio, contrasta sin embargo con el hecho de que el Consistorio pretenda llevar a cabo una reestructuración profunda del personal de que dispone en Urbanismo, y contradice la opinión de la oposición, que continúa viendo en Chiclana «la cuna de la edificación ilegal».

El objetivo de reforzar tanto los medios humanos como materiales de la GMU trabajo durante los 16 meses en que formó parte del Gobierno municipal cuatripartito el ex delegado del área, José Pedro Butrón. Precisamente ayer, Verdier habló de este asunto, y reconoció «haber sabido por la prensa de los planes para aumentar los medios del departamento de Disciplina Urbanística de la Gerencia, pero sin embargo a nuestra llegada hemos comprobado que sólo se quedó en una declaración de intenciones», aseguró la concejal del PSOE.

De cualquier forma, los cálculos que realizaba Butrón allá por el mes de octubre para hacer frente a la gestión de expedientes de viviendas ilegales hablaban de que se requeriría la incorporación «al menos de dos controladores urbanísticos más», así como la «reestructuración del servicio».

Ese planteamiento es el que ahora sigue el nuevo Gobierno, que se enfrenta al reto de modernizar una institución desbordada durante años por los casos de edificación sin licencia.

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