ETA amenazó por carta a los empresarios del TAV para que detuvieran las obras

ETA envió a finales de verano una remesa de cartas a empresarios que trabajan en del Tren de Alta Velocidad (TAV) en las que les amenazaba con considerarles «objetivo prioritario» en el caso de que no cesaran las obras. La misiva se envió cuando la banda ya había comenzado a cometer atentados con explosivos contra las sedes de algunas de las instalaciones y contra la maquinaria. Esta campaña de acoso llegó a su punto culminante el pasado 3 de diciembre, cuando los terroristas asesinaron en Azpeitia al empresario Ignacio Uria, cuya firma había comenzado las excavaciones del proyecto en Álava.

Las cartas tenían el mismo diseño que las que emplea la banda para reclamar a los empresarios el cobro del chantaje terrorista. En este sentido, disponían tanto de los sellos oficiales de la banda como de los anagramas que se emplean para cotejar su autenticidad. El texto, sin embargo, no incluía ningún tipo de reclamación económica sino que se limitaba a expresar una amenaza directa contra los responsables de los trabajos en el ferrocarril. A los destinatarios se les reclamaba que dejasen de forma urgente las obras y, según las fuentes consultadas por este periódico, los términos eran «muy duros».

El envío de las cartas coincide en el tiempo con el fin del debate interno que la banda mantuvo a lo largo del verano y con el que se pretendía clarificar la situación tras el fin de la tregua en 2007. En aquel momento, la asamblea virtual -un intercambio epistolar tutelado por la dirección de la banda- ya había decidido iniciar «un largo ciclo de conflicto» en el que debía descartarse cualquier hipótesis de un nuevo contacto con el Gobierno para retomar el diálogo. La banda hizo saber a la izquierda abertzale así como al entorno próximo a los presos que debían prepararse para una larga ofensiva.

Como muestra de esta decisión, los etarras prepararon los tres atentados llevados a cabo el fin de semana del 19 y 20 de septiembre, en el que colocaron coches-bomba contra la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa, contra la sede de la Caja Vital en la capital alavesa y contra una residencia militar en Santoña. En este último ataque asesinaron al brigada Luis Conde la Cruz.

Uno de los factores clave en el debate interno de ETA y en su radicalización fue la detención del jefe político de la organización, Francisco Javier López Peña, Thierry, arrestado el 20 de mayo de octubre en Burdeos. Los expertos de las fuerzas de seguridad creen que su figura es la clave para entender el devenir de la banda, aunque la opacidad sobre los movimientos de la organización obliga a que algunas de los análisis se muevan en el terreno de la especulación. En este sentido, se considera a Thierry el responsable de la ruptura de la tregua pero también se cree que estaba enfrentado con el sector más duro de la organización. Los documentos incautados en los últimos meses han revelado que tanto Thierry como otros dirigentes habían sido expedientados por la dirección de la banda tras su caída, en lo que se considera un intento de depuración de las posturas menos radicales.

Los expertos de las fuerzas de seguridad ya contemplaban la posibilidad de atentados contra el TAV en ese contexto. Durante la tregua, los responsables de la lucha antiterrorista ya habían localizado documentos en los que la izquierda 'abertzale' especulaba sobre cómo actuar contra el proyecto ferroviario. En ese momento, las analistas de las fuerzas de seguridad ya tenían el convencimiento de que, en caso de ruptura de alto el fuego, los terroristas convertirían el tren en uno de sus objetivos.

Contradicciones políticas

El punto de vista de ETA, según sus propios textos, era que colocar al TAV en su diana crearía contradicciones entre los partidos, podría permitirles recuperar iniciativa política y sondear la posibilidad de acumular a movimientos ecologistas en torno a sus acciones. Una de las claves de esta táctica era el gradualismo, es decir, comenzar los ataques a pequeña escala de tal forma que no se produjera un enfrentamiento radical que impidiera la acumulación de fuerzas sociales contra el proyecto ante el rechazo a la violencia que provocarían las acciones terroristas.

En este sentido, las cartas amenazantes enviadas por la banda en verano tenían como objetivo conseguir objetivos parciales dentro de la movilización puesta en marcha por ETA. Las presiones radicales en forma de sabotajes, pintadas o concentraciones no habían hecho mella hasta ese momento. Pese a la actividad desplegada por la izquierda abertzale y los grupos más radicales sólo una empresa había decidido romper su relación con el proyecto por las presiones. Las amenazas, además, habían ido acompañadas por los comunicados de la banda en los que se amenazaba al TAV y se acusaba a los empresarios de «querer enterrar en cemento» el proyecto independentista.

En este sentido, el asesinato de Ignacio Uria tuvo lugar al menos tres meses después del envío de las misivas amenazantes. Con toda probabilidad, la banda consideró que si en ese tiempo no se había producido ningún abandono de empresarios por el miedo, debía pasar a la acción para seguir adelante con su estrategia contra el proyecto ferroviario.