Prevenir la corrupción

a localidad de Estepona, con la detención del alcalde y de otras personas vinculadas a su desarrollo urbanístico, se sumó ayer a los setenta ayuntamientos españoles que en los últimos años se han visto implicados por investigaciones y procedimientos judiciales en presuntas irregularidades en la gestión del suelo. A la espera de que se sustancien las acusaciones sobre los detenidos, es conveniente recordar la responsabilidad política que rodea a cada supuesto caso de corrupción urbanística, y que hasta la fecha ha afectado a prácticamente todas las siglas. Al conocer las detenciones el PSOE se apresuró a suspender de militancia al alcalde y anunció que haría lo propio con los miembros del partido que fueran puestos en manos de la Justicia. Pero la obligación de una formación política no es precisamente esperar a las detenciones, o a que los tribunales conviertan las imputaciones en condena o en sobreseimiento, sino la de evitar a toda costa que la irregularidad se haga posible en su nombre. El alcalde de Estepona fue instado a suspender la aprobación de 13 convenios urbanísticos en 2005, a que no recalificara parte de un parque natural, y se opuso a la ordenación territorial defendida por la Junta. Indicios suficientes como para que, sin prejuzgar ilícito alguno, el Partido Socialista hubiese tomado más cartas en el asunto. Pero si las formaciones políticas evitan cuestionar el liderazgo de dirigentes locales sobre los que han podido pesar sospechas fundadas de irregularidades, o con quienes mantienen serias diferencias en cuanto a las bases de la gestión urbanística, es porque tienen miedo de que cualquier relevo más o menos forzado pueda acarrearles un serio revés electoral. Entre otras razones porque, equivocadamente, son muchas las personas que o no conciben el ilícito urbanístico como una falta realmente grave, o incluso consideran que su comisión beneficia a los ciudadanos de la localidad de que se trate. Para arrancar de raíz la corrupción no basta la acción de la Justicia. Es necesario que las formaciones que concurren a los comicios ejerzan la prevención política. Como es imprescindible que partidos e instituciones trasladen a la ciudadanía la convicción de que el pelotazo urbanístico, siendo punible con toda razón, constituye un mal que perjudica a la sociedad entera.