Opinion

Riesgos desiguales

La revisión a la baja de las previsiones de crecimiento efectuada ayer por la Comisión Europea, que reduce el promedio del PIB en la eurozona al 1,7% para este año y al 1,5% para 2009, resulta coherente con la rapidez y la profundidad con la que se han generalizado las turbulencias financieras y sus consecuencias sobre el conjunto del sistema. Las autoridades comunitarias insisten en que la fortaleza de las economías de la UE permite afrontar la desaceleración con garantías. Pero sus advertencias sobre el retraimiento en el empleo, la inversión, el sector inmobiliario, el consumo privado y la confianza de los ciudadanos dibujan un cuadro pesimista, que se ve intensificado por la admisión de que será imposible conocer con exactitud el impacto de las pérdidas crediticias al menos hasta final de año. En este contexto de ralentización generalizada, resulta inquietante que sea España la que recibe las predicciones sobre un ajuste más pronunciado de entre todas las economías de su entorno, al pasar de un crecimiento del 3,8% en 2007 a una previsión del 2,2% para este año y del 1,8% para el siguiente.

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Si bien es cierto que el avance del PIB nacional en los últimos años ha sido muy superior al de potencias como Alemania, Francia o Italia, el frenazo en la construcción se está revelando como una falla esencial que compromete el histórico superávit fiscal y la creación de empleo. El excedente acumulado por las arcas públicas y la reducción de la deuda al 36% ofrecen al Gobierno español un colchón sólido para resistir la crisis en condiciones más óptimas que economías como la italiana o la francesa, que carecen tanto de margen para poder reactivar la actividad mediante la utilización de los fondos acumulados como de la capacidad para endeudarse en mayor medida. Hasta el punto de que el desequilibrio presupuestario que sufre el país galo ha llevado a la Comisión a apercibir al Gobierno de París -y también a Gran Bretaña- ante el riesgo de que el déficit público supere el 3% fijado como límite por el Pacto de Estabilidad. Sin embargo, la solvencia de España a la hora de encarar las nuevas demandas derivadas de una pronunciada ralentización no puede obviar, por una parte, que nuestra economía es la que presenta las previsiones de desempleo más elevadas de la Unión para los dos próximos ejercicios -con lo que ello supone de incremento en los costes sociales y recorte del consumo- y también unos niveles de inflación por encima de la media comunitaria. Y, por otra, que la corrección de los desequilibrios provocados por la excesiva dependencia del sector inmobiliario, sin parangón en Europa salvo en el caso irlandés, resultan difíciles de afrontar en una situación que no sólo ya no es de bonanza, sino que ha entrado en un cambio de ciclo cuya duración es hoy impredecible.