Peligro en el Índico

l apresamiento por parte de piratas somalíes del atunero Playa de Bakio, con base en Bermeo, mientras faenaban en aguas internacionales frente a las costas del país africano ha suscitado una comprensible angustia en las familias de los 26 tripulantes y la inquietud en el Gobierno ante una muestra tan cercana de los problemas de inseguridad que sufren los pescadores en mares infestados de salteadores de barcos. La inmediata formación de una célula interministerial a fin de encauzar los trámites diplomáticos, así como el envío de una fragata hacia el litoral somalí, responde a la peligrosa urgencia de una situación que es preciso tratar de resolver a la mayor brevedad posible, minimizando los riesgos que supondría un eventual rescate por la fuerza que el Ejecutivo no contempla al menos por el momento. Pero si el recurso prioritario a la diplomacia ya se presenta sumamente complicado dada la ausencia de interlocutores fiables en un país asolado por la guerra y sumido en el caos, la exigencia del Gobierno vasco para que se conforme una delegación mixta al efecto difícilmente contribuiría a agilizar lo fundamental, que es la liberación sanos y salvos de los marineros. El reconocimiento por parte del Ejecutivo español de que el desplazamiento de la fragata tiene un objetivo básicamente disuasorio refleja las dificultades existentes para reaccionar de forma proporcionada ante la criminalidad de los piratas del siglo XXI. Las críticas vertidas contra el Gobierno por no movilizar a la Armada para proteger a la flota que faena en el Índico, tras el secuestro en 2006 de un buque gallego y el intento de abordaje perpetrado contra otro pesquero bermeano, pueden parecer ajustadas en atención a la gravedad del trance personal que están sufriendo los tripulantes del 'Playa de Bakio'. Pero de la misma forma que resultaría muy complicado, por no decir imposible, establecer un sistema de protección que escoltara a cada uno de los barcos, el Gobierno está obligado a calibrar con mesura que el despliegue de recursos humanos y materiales que supondría una vigilancia verdaderamente efectiva no exceda las potenciales ventajas que puede obtener una flota compuesta por una veintena de pesqueros navegando en unas aguas tan arriesgadas para su propia supervivencia. Y en las que la seguridad dependería, en cualquier caso, de una acción más concertada por parte de la comunidad internacional y de un mayor compromiso de los países ribereños.