Europa, horizonte 2010

La Unión Europea casi no existe en la contienda electoral española, a pesar de que de modo creciente nos gobernamos desde Bruselas. La importancia de las políticas europeas en la vida diaria de los españoles es enunciada por todos los partidos pero en la campaña electoral no se traduce en un debate político sustantivo. En los programas de los partidos el futuro de la Unión suele recibir un tratamiento superficial y previsible. Como mucho, se proyectan hacia las instituciones europeas las propuestas nacionales (por ejemplo sobre inmigración o cambio climático) y muy pocas veces se reflexiona sobre las propias opciones europeas, sus equilibrios de poder y su cambiante marco y la progresiva transformación por la Unión de nuestro ámbito de decisión nacional.

Sin embargo, el momento europeo es delicado y es justo reclamar más atención hacia Bruselas por parte de los Estados miembros y sus arenas políticas. En esta legislatura la Unión ha atravesado una crisis de confianza, de la que todavía ignoramos sus consecuencias profundas. Tras la Constitución fallida y el poco ejemplar rescate de buena parte de sus contenidos en el Tratado de Lisboa, la actual Unión corre el riesgo de generar desinterés y apatía de gobiernos y de ciudadanos hacia sus deliberaciones y propuestas, justo lo contrario de lo que se pretendía con el debate constitucional iniciado en 2001. La paradoja es que la gran mayoría de los europeos esperamos siempre mucho más de la Unión pero no la dotamos de suficientes medios, ni nos movilizamos para influir en su devenir.

La política europea de España bajo el ejecutivo de Zapatero es otro elemento que invita a la reflexión y el debate en la rendición de cuentas electoral. Por primera vez desde el ingreso de España en la Comunidad Europea en 1986, la labor del gobierno en Bruselas a lo largo de una legislatura se salda con una disminución de nuestro capital político y una menor influencia. Este mal resultado no es imputable como a veces se pretende a la ampliación a 27 Estados miembros y al desconcierto europeo tras los noes francés y holandés al tratado constitucional. Detrás de la retórica europeísta inicial de Zapatero ha habido apuestas estratégicas equivocadas (por ejemplo sumarse ciegamente al tandem Chirac-Schröder, un intento efímero de ser un polo alternativo a EE UU, o la ratificación temprana por referéndum de la Constitución y la parálisis posterior ante la crisis). Pero sobre todo lo que ha faltado en estos cuatro años ha sido una verdadera política europea de España, con consenso suficiente, iniciativas y apuestas propias y con liderazgo, contactos y presencia continua del jefe del gobierno y del ministro del ramo en los foros europeos y las capitales de los demás Estados miembros. Se trata de un déficit reconocido en privado por eminentes socialistas, legítimamente preocupados por que la Unión Europea haya dejado de ser una verdadera prioridad para un gobierno español.

Tal vez la cita europea que debe concentrar los esfuerzos de cualquier gobierno surgido de las urnas el próximo 9 de marzo es la próxima presidencia española de la UE a partir de junio de 2010, una ocasión para levantar la vista y volver a hacer una contribución a la integración desde España. Si para entonces, y como es deseable, el nuevo Tratado de Lisboa ha entrado en vigor, la de 2010 será una presidencia limitada por la nueva presidencia permanente del Consejo Europeo y por la labor del alto representante para la política exterior, Javier Solana, que verá muy reforzado su puesto con la vicepresidencia de la Comisión y sus nuevas competencias en el Consejo. Este liderazgo europeo de España, además, será compartido con otros dos países, Bélgica y Hungría, a lo largo de 18 meses. No obstante, el horizonte 2010 ofrece la ocasión de fortalecer nuestra política europea y lograr un pacto entre los grandes partidos con el fin de hacer aportaciones originales al proyecto europeo, como se hizo con éxito en las pasadas presidencias españolas, en 1989, 1995 y 2002, bajo gobiernos de distinto signo político. La administración española tiene experiencia y nuestros expertos en asuntos europeos saben cómo hacerlo, pero necesitan ser activados por suficientes dosis de liderazgo político.

Una de las propuestas que ya ha hecho el gobierno de Zapatero para dar contenido a esta futura presidencia española de la UE es liderar el proyecto de Unión Mediterránea, lanzado por el presidente Sarkozy para estrechar los lazos entre los países ribereños del Mediterráneo y crear un proceso de cooperación y diálogo más sólido y profundo que el que existe hoy en día entre países vecinos con grades diferencias de desarrollo político, económico y social. En esta ocasión ha primado el buen sentido y nuestro gobierno se propone reconducir la iniciativa del hiperactivo presidente francés para que crezca dentro del marco institucional de la UE y como parte de las políticas europeas y evitar que sea un foro externo en el que sólo participarían países ribereños. España trataría de desarrollar la iniciativa francesa para que fuera un proyecto de todos los Estados miembros, con la Comisión firmemente involucrada y lograr así que la Unión Mediterránea se convierta en la continuación del Proceso de Barcelona de 1995, una iniciativa española que fue pionera en este ámbito cada vez más urgente de la cooperación euro-mediterránea.

Pero hay otros grandes ámbitos en los que la presidencia española en 2010 debería intentar dejar su huella y aportar valor añadido al proyecto europeo. Por señalar sólo tres, parece muy necesario avanzar hacia una política común de inmigración a escala europea, poner en marcha las reformas económicas de liberalización de mercados enunciadas en la agenda de Lisboa en 2000 y conseguir que funcione el espacio europeo de educación, un objetivo previsto por el llamado proceso de Bolonia precisamente para 2010. En todos estos capítulos, inmigración, competitividad y educación, España y el resto de países de su entorno tienen grandes retos ante sí. Ojalá el horizonte 2010 sea el momento de abordarlos con una auténtica mirada europea.